Jueza investiga denuncia de Casal contra la DGI

E.D.

La jueza civil de primer turno Loreley Opertti ordenó iniciar un "procedimiento de tacha de falsedad", ante las denuncias por falsificación de documento público contra la Dirección General Impositiva (DGI) que presentó la defensa legal de Francisco Casal.

Tras recibir las denuncias del principal empresario deportivo y las respuestas a las mismas de la DGI, la magistrada decidió que el caso pase en vista a un fiscal civil, que aún no fue seleccionado y que podrá solicitar pruebas, testimonios, pericias, antes de presentar su posición sobre la veracidad de las denuncias presentadas.

La decisión final del fiscal no es vinculante para la jueza, pero sí es tenida en cuenta cuando toma su decisión.

Cuando hay un procedimiento de tacha de falsedad de un documento público, está justamente en juego el interés público y la administración es acusada, por lo que la ley prevé que preceptivamente intervenga el Ministerio Público.

"CHICANAS". "Esta resolución confirma que las graves irregularidades administrativas, la falsificación de documentos públicos por parte de la DGI que denunciamos a la jueza tiene su trascendencia y por eso no son una mera especulación, ni un mero artilugio legal, como dijo la DGI", afirmó ayer el abogado Óscar Brum.

Junto a Leonardo Costa, Brum representa a Casal en el expediente judicial que la Impositiva logró el embargo del contratista.

"Si tendrá transcendencia que antes de tomar una decisión sobre la medida cautelar la jueza abre este procedimiento. Nos demuestra que no estábamos `chicaneando`, sino ante un procedimiento claramente violatorio de las normas de transparencia y cristalinidad que deben formar un procedimiento administrativo y máxime en un tema tan delicado como el tema impositivo", agregó Brum. Para el abogado, la decisión de Opertti "garantiza nuestro derecho".

Según las denuncias de Casal, la demanda de la DGI contiene irregularidades, entre ellas una orden de inspección antedatada "que entendemos ilegal", afirmó Brum

Opertti fue quien, a pedido de la DGI, dispuso el embargo por US$ 25 millones de varios empresarios que consideró forman parte del mismo conjunto económico, del cual el más destacado es Casal.

Si la jueza civil Loreley Opertti se pronuncia manteniendo el embargo al Grupo Casal que dictó el 3 de abril, la DGI le solicitará que esa medida cautelar pase de US$ 25 millones a US$ 105 millones, el monto que el organismo sostiene que el conjunto económico debe al Estado por impuestos más multas y recargos. Casal afirmó a su círculo cercano que está convencido de no deber impuestos, por lo que no transará con la DGI y seguirá las instancias judiciales hasta el final.