La Paz - El gobierno boliviano denunció que la violencia desatada en cinco regiones del país con la toma y saqueo de empresas públicas busca desencadenar una guerra civil, y el presidente Evo Morales pidió la expulsión del embajador estadounidense acusándolo de alentar el separatismo.
El Departamento de Estado estadounidense calificó la acción de Morales como "un grave error".
"La acción del presidente Morales es un grave error que ha dañado seriamente la relación bilateral", dijo el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, quien leyó una declaración escrita.
"Sin miedo al imperio, hoy declaro al señor (Philip) Goldberg persona no grata, pido a nuestro canciller (...) enviar hoy al embajador (una nota) haciendo conocer la decisión del gobierno nacional, de su presidente, para que urgentemente retorne a su país", dijo Morales en un acto público.
"El que busca la división de Bolivia es el embajador de Estados Unidos", agregó, acusándolo de promover los disturbios en cinco de los nueve departamentos del país, donde rechazan el proyecto de nueva Constitución que el gobierno pretende hacer aprobar en un referendo en enero.
En Washington, un vocero del Departamento de Estado calificó de "infundadas" las acusaciones contra Goldberg, mientras, por ahora, la embajada en La Paz no emitió ningún comentario.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expresó en cambio desde Caracas su apoyo a su colega boliviano.
Entre las acciones violentas, la empresa Chaco confirmó que grupos cívicos opositores a Morales cortaron este miércoles el suministro de gas natural a Argentina.
La estatal brasileña Petrobras, principal productora de gas en Bolivia, informó que las protestas afectaron parcialmente sus instalaciones, ante lo que el ministro de Minas y Energía brasileño, Edison Lobao, indicó que su país tomará medidas para cubrir sus necesidades de gas de Bolivia, que suministra 31 millones de metros cúbicos diarios.
El brote de violencia que estalló el martes en Bolivia con saqueos de oficinas públicas, tomas de plantas petroleras y la ocupación por la fuerza de tres aeropuertos en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando busca crear condiciones para "una especie de guerra civil", según el vocero presidencial Iván Canelas.
La estrategia de los alzados -cercanos a las prefecturas de oposición y a organizaciones civiles de derecha- es "buscar un enfrentamiento con militares y policías", que chocaron el martes con una turba en Santa Cruz, señaló Canelas.
El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, advirtió la noche del martes: "No vamos a caer en provocaciones fascistas (...), vamos a actuar con serenidad, pero también con firmeza democrática, legal y constitucional".
Las crecientes tomas de oficinas públicas -que este miércoles continúan en Tarija donde grupos de derecha intentan ocupar las sedes de Impuestos y de Reforma Agraria, además del aeropuerto- no empujarán sin embargo al gobierno a declarar estado de sitio, señaló.
El clima de rebelión es "el inicio de un golpe de estado civil-prefectural, contra la unidad del país y contra la democracia", dijo.
Brasil fue el primer país sudamericano en pronunciarse al respecto con un llamado a que se respete la institucionalidad democrática en Bolivia y pidió que las partes eviten la violencia y la intimidación para retomar el camino del diálogo y la concertación.
Mientras tanto, cientos de cocaleros del Chapare afines al presidente Morales iniciaron este miércoles cortes en una ruta principal que une el oeste (Cochabamba y La Paz) con Santa Cruz, por donde fluye el grueso de las exportaciones de esa región a ultramar, según su dirigente Pedro Domínguez.
En medio del creciente clima de conflicto, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo pidieron al oficialismo y la oposición dialogar para descomprimir la situación.
"Hago un fuerte y vehemente llamado a la pacificación y al respeto de la vida", dijo el obispo Jesús Juárez, secretario general de la Conferencia Episcopal, máxima instancia católica.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo de su lado que "hoy más que nunca Bolivia necesita de diálogo", porque a su criterio "es mejor hablar ahora que después hacerlo a fin de año con unos 100 muertos".
En base a AFP
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