Un desafío al Parlamento

Alfonso Lessa

La polémica por el futuro de PLUNA y las denuncias contra el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, se colaron en los últimos días en el primer plano de la agenda política, sumando al gobierno dos nuevos e inesperados frentes.

Como si fuera poco, los últimos episodios de la interminable novela de violencia en la que se ha transformado el fútbol, añadieron otro hierro caliente al gobierno, que ha resuelto tomar cartas en el asunto, dada la clara incapacidad que ha mostrado hasta el momento ese deporte para poner fin a esta plaga.

El choque entre el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, y el jefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche, aparece como uno de los problemas más delicados, no sólo por la temática extremadamente sensible a la que refiere, sino además, porque parece ir mucho más allá de un simple enfrentamiento personal. Todo indica que detrás de este episodio, subyace la resistencia de algunas autoridades policiales, a ser controladas directamente por el poder político y en particular por un delegado del Parlamento, especialmente designado a esos efectos. Y mucho más si ese comisionado no respeta "feudos" ni participa de determinados "códigos" que hacen al mundo carcelario y el hampa.

Sólo ese hecho puede explicar, en principio, la acusación de un jefe de Policía al Parlamento, de actuar corporativamente por haber respaldado a quien designó por unanimidad, como es el caso de Garcé. El asunto, por tanto, ya no sólo enfrenta a un jerarca policial con el comisionado, sino con todo el Parlamento. La crítica policial por una parte y el amplio apoyo del Parlamento a Garcé, por otra, además dejan en una incómoda situación a la ministra Daisy Tourné que sin quererlo ha quedado en medio del conflicto.

Todo se inició cuando el jefe de Policía de Canelones acusó a Garcé de presionarlo para promover el traslado de narcotraficantes a cárceles más inseguras, insinuando que detrás de esa iniciativa existían intereses oscuros del comisionado en supuesta connivencia con los narcos.

Citado en comisión por el Parlamento, sin embargo, las explicaciones de Garcé mostraron otra cara y convencieron a todos los partidos. En su comparecencia aportó elementos sobre una sórdida trama de corrupción, torturas y violaciones en la cárcel canaria. Como contrapartida, entonces, Guarteche quedó en una postura debilitada y ahora deberá ser él quien trate de convencer al Parlamento y la ministra de la veracidad de sus afirmaciones.

Este nuevo episodio no hace más que demostrar la complejidad y vastedad de los temas vinculados a la seguridad pública, justo en momentos en los que se cuestionan diferentes aspectos relativos a la política en esa materia.

Al menos algunas cárceles, según todo indica, siguen pareciéndose mucho más a un infierno que a centros de rehabilitación. Sería muy grave si, además, esa realidad fuera incentivada por policías que incumplen con su función.

Ante esta dramática situación, el papel del comisionado parlamentario debería resultar relevante, sobre todo si cuenta con la colaboración de las autoridades carcelarias.