Abren investigación sobre desaparecidos en España

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MADRID | EL PAÍS DE MADRID Y AFP

Un pedido de datos impulsado por la justicia española a varias instituciones sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, fue calificado ayer de "histórico" por las asociaciones de familiares de las víctimas.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha puesto a recabar información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil y, tres años después, a la dictadura de Francisco Franco. Para ello, el magistrado ha pedido información al Gobierno, la Iglesia Católica, varios alcaldes e incluso un rector de universidad. Garzón quiere conocer el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fechas en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, dijo que el acontecimiento era "emocionante e histórico".

Por su parte, el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un republicano fusilado por el franquismo, dijo ayer que tanto las iniciativas del juez Garzón, como las actuaciones del Poder Judicial "merecen una consideración de respeto por parte del gobierno".

Para garantizar la independencia judicial, "lo más prudente es no realizar valoraciones" sobre la decisión adoptada ayer (por el lunes) por el magistrado", añadió.

El objetivo del juez Garzón con estas diligencias es recabar información suficiente para decidir si admite las solicitudes que le presentaron 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de diferentes comunidades, el sindicato CNT (Confederación Nacional del Trabajo, anarquista) y varios particulares con el fin de esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos del bando republicano a partir del golpe de Estado franquista, durante la Guerra Civil y la dictadura, de casi 40 años.

El presidente de la Asociación para la Memoria Histórica de Cataluña, Álvaro Fernández, dijo estar con "alegría y cautela", ya que "son diligencias previas y todavía no están aceptadas por el juez las denuncias efectuadas".

Por su parte, la fiscalía, en contra del criterio de los denunciantes, ha pedido al juez el archivo de la causa.

El juez ordenó al Archivo General de la Administración que identifique al organismo del Estado que puede informar sobre el número de desaparecidos a partir de comenzada la Guerra Civil, su identificación "en la medida de lo posible" y si "han existido denuncias por las desapariciones".

Otro de los organismos estatales requeridos para el recuento de víctimas de la represión es el Centro Documental de la Memoria Histórica, perteneciente al Ministerio de Cultura, que debe informar sobre si se encuentran a su disposición "los ficheros del Tribunal especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y si existe algún estudio sobre los casos del mismo".

A la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, le reclama que informe "si existe algún tipo de documentación relacionada con desaparecidos" y comunique "a todos los Registros Civiles de España" que deberán permitir el acceso a la policía judicial para la identificación de las posibles víctimas desaparecidas desde el golpe. Con esa misma finalidad solicita a la Conferencia Episcopal Española "que comunique a todas y cada una de las parroquias de España" que deberán permitir el acceso de los agentes para su investigación.

Otro de los organismos religiosos a los que se dirige el juez es la abadía que gestiona el Valle de los Caídos, donde Franco se hizo enterrar rodeado de muertos republicanos. Los religiosos deberán proporcionar "oportuna información sobre los nombres de las personas que estén enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho".

La medida recibió críticas del principal partido de la oposición española, el Partido Popular (PP). El líder de esta agrupación, el dos veces candidato a presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, dijo ser partidario "de no abrir las heridas del pasado, porque no conduce a nada". Similares expresiones pertenecieron a otros dirigentes del PP.

madrid El presidente de ARMH, Emilio Silva, expresó que "después de la aprobación de la Ley de la Memoria, que no nos ha ayudado en nada, viene un juez y le dice al Estado que tiene una responsabilidad, que tiene que dar esa información. Es como un sueño, un notición, me he emocionado al saberlo". Silva es consciente de que la providencia hecha pública el lunes por el juez de la Audiencia Nacional es un paso muy preliminar y que todavía no se ha pronunciado sobre su competencia, pero la considera "el principio de un proceso que va a dar resultados, porque ha acertado con las instituciones a las que ha pedido información y la va a encontrar".

"Donde ha picoteado va a encontrar bastante de donde tirar", afirmó el presidente de la asociación. "Las asociaciones le han dicho exactamente dónde tiene que buscar".

La ley obliga a las administraciones a realizar catálogos de las fosas comunes y restos humanos de víctimas de la represión franquista, pero hasta ahora, sólo Cataluña y Andalucía habían elaborado su mapa de fosas, según Silva. "Asturias lo tiene a medio hacer", añade.

Para ARMH, esto debería convertirse en un primer paso para la creación de una "comisión de la verdad". La "Ley de la Memoria Histórica", aprobada en octubre de 2007, deja la responsabilidad de localizar y recuperar los cuerpos de las víctimas, solo en manos de las familias. el país de madrid y afp

En los últimos ocho años, ARMH impulsó la exhumación de 110 fosas comunes. Esta entidad dice poseer datos de casi 400 fosas más en el país y ha recibido demandas para localizar a 5.000 desaparecidos.

La Guerra Civil española, que causó más de 500.000 muertes, enfrentó durante tres años a las fuerzas de derecha, autoras del alzamiento militar del 36, con los partidarios del gobierno de izquierda, elegido democráticamente.

La Audiencia Nacional recibió en los últimos dos años, demandas de asociaciones para investigar la desaparición de más de 1.200 personas.

Hay más de 30.000 casos de desaparecidos en esa época, según estas asociaciones.