Intento de motín y polémica por un menor esposado en el INAU

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M. GALLARDO / J. L. ÁLVAREZ

Personal del INAU y de la Policía logró sofocar un intento de motín en el local de Maldonado. En San José persiste la polémica en torno a un adolescente esposado en un hogar local, que dio lugar a la intervención de un diputado nacionalista.

El primer intento de motín en el local del INAU de la capital de Maldonado ocurrió el lunes pasado. Fue sofocado casi de inmediato por el personal de la dependencia. Ayer al mediodía, los internos volvieron a intentarlo y esta vez fue necesaria la intervención policial.

La situación fue protagonizada por cinco menores infractores que esperaban ser trasladados a Montevideo por resolución judicial. Precisamente, una de las reivindicaciones de los internos era el cumplimiento de este traslado. Los primeros reclamos tuvieron lugar el lunes, aunque entonces los funcionarios del INAU local lograron controlarlo de inmediato.

Pero todo volvió a complicarse ayer al mediodía cuando los internos se "atrincheraron" en la sala donde permanecían a la espera del traslado. Allí los adolescentes comenzaron a gritar, insultar y a golpear la puerta de la sala. Protestaban porque las condiciones de esa dependencia no eran las adecuadas para largas esperas. Según informaron más tarde las autoridades, no se registraron heridos ni entre los funcionarios y policías que actuaron, ni entre los propios internos. Los daños, se indicó, fueron menores.

La responsable del INAU de Maldonado, Graciela Vera, minimizó la situación y recordó que se trata de menores que se encuentran medicados por razones psiquiátricas. Sostuvo que, al faltarles medicación, los jóvenes "perdieron la noción de la realidad". En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, la jerarca tuvo que salir a tranquilizar a los padres de otros internos inquietos por lo que estaba ocurriendo allí.

polémica. En San José continúan los ecos de la polémica desatada por el caso de un menor infractor que permanecía esposado a la cama desde hacía siete días. El caso tomó estado público cuando el diputado nacionalista Alberto Casas se presentó en el local del INAU de la calle Sarandí 331 de la capital maragata para interiorizarse de la situación. No obstante, los responsables del local le impidieron la entrada al diputado.

El adolescente de 16 años, internado por orden judicial luego de protagonizar un ataque contra otra persona en los alrededores de un local bailable, fue derivado al ex hogar de varones de San José, donde próximamente se abrirá un centro de atención para jóvenes adictos a las drogas.

Entre tanto, el diputado Casas, luego de intentar infructuosamente tomar contacto con las autoridades del INAU, dio a conocer ayer una declaración pública en la que subraya el daño que esta situación pudo haber causado a otros niños de 8 años que están alojados en la misma dependencia en la que se hallaba el adolescente y que vieron sus condiciones de internación.

En este sentido Casas asegura que el INAU "no cumple los más elementales derechos humanos, en transgresión gravísima e inadmisible de sus cometidos, violando el derecho a la integridad y dignidad del menor y aplicando tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto para el menor esposado como para los otros menores del mismo hogar".

Por su parte, el presidente del INAU, Víctor Giorgi, declaró ayer en la Radio 41 de San José que si bien el adolescente estuvo esposado, fue un recurso que se adoptó en conocimiento de la Justicia, que dio su anuencia ante la peligrosidad del adolescente. Giorgi también dijo que la actitud del diputado Casas no le pareció la más aconsejable en la situación.

Técnicos del INAU comenzarán a evaluar a las ocho niñas que denunciaron haber sido objeto de abusos por parte de un hombre en un cumpleaños infantil en el barrio Nuevo Capra. Paralelamente, el Juzgado Penal de 7° Turno comenzó por citar a dos de las madres del grupo de niñas, con el fin de que sus respectivas hijas sean evaluadas por psicólogos del Instituto Técnico Forense (ITF).

Fuentes judiciales consultadas por El País señalaron que la jueza Graciela Gatti pretende contar con un examen de los peritos, a quienes solicitó que rastrearan "indicadores de abuso" en los relatos que hacen las ocho niñas cuyas edades van desde los 4 a los 12 años de edad.

En la órbita de la fiscal penal, Diana Salvo, persiste la convicción de la culpabilidad del artiguense de 30 años que en el cumpleaños infantil celebrado el 24 de agosto protagonizó, según las niñas, varias situaciones de abuso.

"Nosotras les creemos en un cien por ciento a nuestros hijos, siguen contando la misma historia y sabemos que no están mintiendo", dijo ayer a El País Ariana Pereyra, una de las siete madres del grupo.

Para los padres de las ocho niñas es vital demostrar ahora la veracidad de sus testimonios. Por esta razón, antes de saber que serían citadas por el Juzgado Penal para nuevas pericias, comenzaron a buscar por su lado el asesoramiento técnico.

Finalmente consiguieron contactar a psicólogos del INAU que se ofrecieron a entrevistar a las niñas para luego elevar sus informes.

En el otro extremo, el abogado defensor del artiguense acusado por las niñas, está convencido de su inocencia. La hipótesis del abogado Gustavo Acosta es que la versión de una de las niñas mayores "contaminó" los testimonios de las restantes y que, en realidad, los abusos no tuvieron lugar. De hecho, la jueza Graciela Gatti no halló indicios lo suficientemente claros como para procesar al hombre de 30 años, al que dejó en libertad el viernes pasado, aunque aún sujeto al presumario.

En este complejo contexto la jueza Gatti procura ahora desentrañar la veracidad de las declaraciones de unos y otros. En esa línea de investigación, fueron citados también familiares del indagado.

Éste, por su parte, regresó a Artigas para evitar los roces que su presencia en el barrio Capra provocaría. De todos modos, es muy probable que el viernes, a más tardar, sea citado nuevamente a la sede judicial cuando la magistrada resuelva en torno al pedido de procesamiento de la fiscal.