DDHH y gobierno: ¿bandera o problema?

Alfonso Lessa

La Ley de Caducidad y el revisionismo, temas que bien podría agitar el Frente Amplio frente a su electorado como una bandera en la próxima campaña electoral, se están transformando en problemas para la coalición de izquierda.

El hecho de que el presidente Tabaré Vázquez no haya logrado alinear a toda la izquierda frentista detrás de su política en materia de derechos humanos, ha dejado espacio para una disidencia que traspasa lo testimonial y deja de lado los compromisos asumidos por el Frente Amplio antes de asumir el gobierno.

La firma del senador José Mujica a favor de la anulación de la norma no sólo resultó sorpresiva, sino que de hecho implicó un desafío al presidente; y un problema para el mandatario respecto a los complejos equilibrios que implican los retos simultáneos de esclarecer el pasado reciente y manejar a las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, lo que no sorprende es el alineamiento explícito que han hecho otros actores de la izquierda en los últimos días respaldando a Vázquez, entre ellos Jorge Brovetto y el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa.

Este último, incluso, introdujo un aspecto fundamental en el debate de la propia izquierda: la probable falta de eficacia jurídica de la eventual anulación de la ley de caducidad. Esa es la misma postura que han establecido ya actores de otros partidos, como el ex presidente Luis Alberto Lacalle.

El tema, por lo tanto, ya no sólo divide a sectores blancos y colorados del gobierno, en lo relativo a la interpretación que ha dado Vázquez a la norma abriendo la posibilidad de juzgar y procesar a varios militares y policías, sino que además ahora amenaza con profundizarse como motivo de debate en el propio oficialismo. Y no es que ya no hubiera diferencias en la izquierda sobre este delicado asunto -la recolección de firmas es una prueba de ello- sino que la firma de Mujica le dio una nueva dimensión, porque hasta ahora la mayor parte de los principales sectores y dirigentes habían respaldado al presidente o se habían abstenido de actuar públicamente contra su postura.

Las dudas de Nin Novoa y otros dirigentes y juristas respecto a la posibilidad de anular la ley, se agrega a otro debate que es el que establece hasta dónde más podría avanzar el gobierno si la propuesta de quienes recogen firmas se concretara. Con la casi totalidad de los comandantes en jefe de la dictadura muertos, al igual que los más importantes generales de ese período, con Gregorio Álvarez preso, con la mayor parte de los principales acusados por violaciones a los derechos humanos también en prisión, al igual que Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco: ¿sería mucho más lo que podría ocurrir o esclarecerse? Sin olvidar las inéditas excavaciones en cuarteles y otros sitios -que permitieron algunos impactantes hallazgos- así como los informes de los comandantes que podrían ser incompletos, pero reconocieron, sobre todo en el caso del Ejército, verdaderas atrocidades; e incluso cambios en la conducción militar.

El debate, en cualquier caso, es tibio y no ha hecho carne por el momento en la mayor parte de la gente, lo que explica la lentitud en la recolección de firmas.

Lo cierto es que cuando la campaña electoral comienza a asomar, pueden establecerse con claridad algunos de los temas que habrán de estar arriba de la mesa, como las reformas tributaria y de la salud, el combate a la pobreza y la seguridad pública. La gran duda es qué habrá de ocurrir con los derechos humanos, donde el gobierno tiene varios logros para exhibir ante su electorado, los que sin embargo pueden quedar superpuestos y aún neutralizados con la postura de quienes buscan anular la norma, favoreciendo de hecho a la oposición.