Un expediente de la Intendencia de Montevideo señala que en el 2003 la entonces directiva del gremio de meretrices (Amepu) había planteado al municipio la existencia de "dificultades" para cumplir con el compromiso de compraventa por esos terrenos municipales.
"Junto a esto se informa de una serie de irregularidades surgidas entre Amepu y las familias ocupantes de los terrenos, referidas a las ventas de los mismos", señala el informe firmado por la asistente social de la IMM, Ximena Baraibar.
Tras constatar la venta ilegal de los terrenos de la comuna, Baraibar señala que "surge la necesidad de estudiar la modificación (rescisión) de los acuerdos establecidos entre la IMM y Amepu. Esto no ha sido realizado hasta la actualidad".
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