Eduardo Barreneche

Diecisiete madres de familia se registraron en el MSP como prostitutas para no perder sus casas. Dicen que sus terrenos les fueron vendidos "en forma ilegal" por el sindicato de meretrices (Amepu) y ahora les reclama esas propiedades.

Según expedientes de la Intendencia de Montevideo y de la Junta Departamental a los que tuvo acceso El País, unos terrenos ubicados en Piedras Blancas fueron cedidos en 1994 por el entonces intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez, al gremio de las prostitutas para que hicieran viviendas. Fueron 20 lotes ubicados en Camino Teniente Galeano entre Cábari y Azotea de Lima y la mayoría fueron revendidos a otras personas de manera irregular.

En este momento, en el pequeño barrio sólo viven tres meretrices de las 20 que recibieron los terrenos.

Según los vecinos damnificados, la actual presidenta y fundadora de Amepu, Mariana Oviedo, los amenazó en el 2006 con desalojarlos porque ese gremio tiene un contrato vigente con la Intendencia que finaliza dentro de seis años.

Como condición para no echarlos y como forma de regularizar las ventas ilegales de los terrenos, Oviedo exigió a las familias ocupantes que sus mujeres se registraran como meretrices en el Ministerio de Salud Pública, dijo a El País la tesorera de la comisión Fomento, Sonia Macchín. Oviedo lo niega y asegura que las mujeres tomaron esa decisión para cubrirse y evitar el desalojo.

"Fui al Ministerio de Salud Pública y me hice pasar por prostituta. Mi vergüenza fue indescriptible cuando mientras esperaba ser atendida, otras meretrices me preguntaban dónde era mi parada de `trabajo` y otros detalles", relató.

Alicia Giménez, presidenta de dicha Comisión de Fomento, narró una situación similar. "Conté en el MSP que trabajaba en una whiskería. Fue lo primero que me salió", explicó.

La secretaria de la Comisión Fomento, Adelina Ferreira relató que sintió "una gran vergüenza" cuando los técnicos del Ministerio le explicaron cómo debía cuidarse de las enfermedades venéreas. "Yo estaba allí con el único propósito de no perder mi casa, la que construí con gran sacrificio", expresó.

Investigación. El tema será planteado el próximo jueves en la Junta Departamental por el edil nacionalista Álvaro Viviano, quién pedirá una comisión investigadora.

En un inusual procedimiento, Vázquez concedió esas propiedades con el propósito de atender la necesidad de viviendas de las prostitutas. El contrato, que fue firmado el 7 de abril de 1994, obligaba a Amepu a conformar una cooperativa, pagar los terrenos y solicitar un préstamo social para construir las viviendas. Algunas de estas condiciones tenían como plazo máximo los tres años y la gremial de prostitutas "no cumplió" con ninguna, según los expedientes.

Muchos de los actuales ocupantes de esos terrenos pagaron señas y anticipos que oscilaban entre US$ 100 y US$ 1.000 que fueron cobrados por la actual presidenta de Amepu, Marina Oviedo, según las integrantes de la Comisión Fomento de Barrio Nuevo. Luego una escribana les cobró a nombre de Amepu cuotas de unos US$ 50 más algunos gastos, para que obtuvieran los derechos para edificar.

Con la excepción de una sola casa que es de lata y otra que está a medio terminar, los 18 terrenos restantes tienen edificaciones de material y techos de planchada.

Oviedo aseguró a El País que cuenta con la documentación de esos pagos, aunque sólo corresponden a dos o tres familias. "Ese dinero era para que la cooperativa pague el terreno. Fue retirado por presidentas anteriores de Amepu y entregado o dado a sus propietarios. Yo no estaba en el país en esa época", dijo. "Pudo haber irregularidades de otras directivas de Amepu" admitió.

Las integrantes de la Comisión Fomento dicen sentirse "estafados" y con miedo de perder sus casas. "Dejamos de pagar a la escribana cuando llegaron dos asistentes sociales de la Intendencia y nos dijeron que había caído el convenio con Amepu", afirmó Ferreira.

Contrato incumplido y vigente

La presidenta del gremio de meretrices (Amepu), Marina Oviedo reconoció que la gremial "no cumplió" con el contrato de cesión de los terrenos, aunque advirtió que ese compromiso finaliza dentro de seis años y "no tiene cláusula" de rescisión.

"Fuimos a pedir un préstamo al Ministerio de Vivienda y, por problemas políticos, se lo negaron a la cooperativa de las meretrices", dijo. "Luego las trabajadores sexuales parcelaron sus terrenos e hicieron sus viviendas. Algunas se fueron o se arreglaron con un hombre y vendieron sus terrenos", explicó.

Oviedo señala que los actuales ocupantes de los terrenos "no tienen documentos" que avalen sus derechos y "hay unas cuantas personas que no corresponden que los tengan, porque no son trabajadoras sexuales".

Pese a que Amepu "no desea sacar a nadie de los terrenos", Oviedo dijo que contrató a abogados para trabajar en el tema. "Ellas quieren que yo renuncie a los terrenos. Si yo hago eso, esto se transforma en un asentamiento. Quiero que todos los ocupantes paguen el compromiso de compraventa", dijo.