Veintiún meses de piquete continuado

El 20 de noviembre de 2006 la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decidió bloquear el acceso al puente San Martín por la ruta 136.

Por esos días el Banco Mundial se disponía aprobar un préstamo de US$ 170 millones a Botnia, un hecho que molestó a los activistas porque el organismo internacional estaba avalando el proyecto de la empresa finlandesa en Fray Bentos.

Ya entonces los piqueteros no creían en la mediación de la Corona española, que a pedido del presidente argentino Néstor Kirchner comenzaba a oficial de facilitadora del diálogo entre Argentina y Uruguay.

El primer efecto del bloqueo se sintió en el turismo. Los argentinos que llegaron a las costas uruguayas en el verano 2007 lo hicieron por mar, aire o tierra si transitaban cientos de quilómetros más para cruzar por Salto o Paysandú.

El piquete siguió luego del verano, aunque con menos participantes y un alicaído apoyo de la población de Gualeguaychú.

La mediación de la Corona españa no tuvo éxito, y Botnia comenzó a funcionar el 9 de noviembre de 2007 y por ahora no se ha demostrado que contamine el río Uruguay, principal argumento de los piqueteros.

Dos fallos contra el piquete

La jueza federal argentina María José Sarmiento consideró "razonable" limitar los alcances de la protesta contra Botnia, ya que "se impide a los ciudadanos circular libremente por las rutas nacionales, entrar y salir libremente del país". La decisión está en sintonía con otra del juez Guillermo Quadrini, de Concepción del Uruguay, que hace al menos un año declaró ilegal el corte de la ruta 136, pero sin ordenar su despeje.

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