El gobierno definió ante una delegación de AEBU y los bancos algunos aspectos dudosos de la reforma de la Caja Bancaria.
En la reunión de ayer, el gobierno planteó su disposición a aceptar el planteo de AEBU de ampliar el campo afiliatorio de la Caja Bancaria incorporando a las actividades conexas a la bancaria, dijeron a El País participantes del cónclave.
De todas maneras, estableció algunas condiciones: que solo sean administradoras de crédito y cooperativas, pero no todos como reclamaba el gremio. Eso significaría unas 4.000 personas más afiliadas.
Para los empleados que ingresen a esas casas la afiliación sería obligatoria, mientras que para los que ya están sería voluntaria.
Eso no es compartido por AEBU porque "no sería lógico" que haya sectores donde "unos están en un régimen y otros en otro", dijo a El País, Gustavo Weare, directivo por los trabajadores en la Caja.
El otro punto es elevar la edad de retiro en hombres de 60 a 63 años y en las mujeres de 55 a 63 años, para asegurar la sustentabilidad de la Caja en el mediano plazo. Se calcula para 2009 un déficit de US$ 60 millones.
Para los bancos, el gobierno propuso reducir los aportes patronales de 30,75% a 15% y que se compense la pérdida de ingresos por la vía de un impuesto que grave la actividad y compraría un bono a emitir por la Caja.
El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun, reclamó que sea un tributo a los créditos que se aplique a todas las instituciones y no solo a los bancos. Porque "si se gravan los activos se estarían gravando los que están encajados (porcentaje de depósitos inmovilizados) en el Banco Central y por los que no se remunera", explicó De Brun a El País.
El gobierno señaló que estas condiciones están planteadas en el marco de un acuerdo, sino habría un proyecto de ley del Ejecutivo con otras variables.