Cargos y más cargos

Gonzalo Aguirre Ramírez

Uno de los caballitos de batalla de la izquierda contra los partidos tradicionales fue, desde siempre, la censura a su disposición de la administración pública con fines electorales. Se les acusó hasta el cansancio de haber hecho uso y abuso del proselitismo político, desde el gobierno.

Pasaban los años y el funcionariado público, decían los catones admiradores de Stalin, Mao y Fidel Castro, crecía sin solución de continuidad. La responsabilidad de tal fenómeno era por supuesto, en régimen de exclusividad, de colorados y blancos. No se cansaban, en presupuesto y rendición de cuentas, de seguir creando cargos. Y, luego, de proveerlos con gente de sus "cluses".

En parte, la crítica era fundada. Pero llegó el Partido Nacional al gobierno, en 1990, y en agosto de ese mismo año, bajo firma del Dr. Lacalle y sus ministros, se promulgó una ley -16.127, creo- que prohibió el ingreso de nuevos funcionarios por cierto número de años. Con excepciones, es cierto, pero la veda de nombramientos se estableció. Enfermeras y maestras pudieron seguir ingresando, porque los hospitales no pueden funcionar sin aquellas ni las escuelas sin éstas.

La prohibición se reiteró y se amplió temporalmente, por leyes posteriores. Y luego vinieron, en el segundo gobierno del Dr. Sanguinetti, propiciadas por el ministro de Economía Luis Mosca, las rendiciones de cuentas de un único artículo. No más nombramientos. Claro que, como todos los extremos son malos, surgieron los becarios y los pasantes, cuya vinculación teóricamente temporal con la administración devino permanente, porque los veteranos se iban jubilando -incentivados a hacerlo, a menudo- y algunos jóvenes, que supieran computación, además, debían subrogarlos.

El resultado fue que algo adelgazó, entre 1990 y el 2004, la plantilla de funcionarios públicos. No mucho, es cierto, pero hay números oficiales que así lo prueban. Como también prueban que la tendencia se revirtió con el desembarco del Frente en el gobierno.

Los "progresistas" venían con hambre acumulada -de cargos y posiciones- y se dedicaron a saciarla. Con su desembozado doble discurso, archivaron sus críticas de antaño y se dedicaron a engrosar otra vez el funcionariado público.

Con frentistas, por supuesto. Provenientes de los alicaídos comités de base, de los centros comunales o de donde fuere, pero con sus correligionarios. ¡Faltaba más! Un nuevo y pésimo ejemplo de este apetito es la última ley de rendición de cuentas, en la versión ya aprobada por los señores -y señoras- diputados.

La suma de cargos y "funciones contratadas" -eufemismo de moda-, que crea este farragoso proyecto de ley es de 1.026, incluyendo 200 cargos de profesionales que su artículo 441 permite crear en ASSE ($ 71.000.000 se autorizan a gastar a tal efecto). A ellos deben sumarse otros $ 298.000.000 a disponerse para crear -también en ASSE- cargos de Técnicos y Especialistas, en número indeterminado (art. 239), por cuya causa no están incluidos en los 1.026 anteriores.

De éstos, el mayor número corresponde al Ministerio de Ganadería, 267; al de Defensa, 184; y al de Desarrollo Social -la ministra Arismendi también tiene puesta la servilleta-, 244. Pero la empleomanía, antes vituperada, no concluye ahí. Al Mvotma se le faculta a contratar becarios y pasantes, sin límite (art. 347). Pero los cargos y el despilfarro no concluyeron. El Senado, se me dijo, le enmendó la plana a la Cámara, pero no para moderar sus excesos. ¡Dale que va!