SALTO | LUIS ALBERTO PÉREZ

El 1° de septiembre empieza a regir una nueva veda de pesca en un tramo del río Uruguay. Esta vez, la disposición del Ministerio de Ganadería se extenderá por seis meses.

Aún no han aparecido las respuestas de parte del gobierno para atender los reclamos que los pescadores realizaron en la primera restricción que se dio desde el 1º de enero hasta fines de febrero.

Los pescadores salteños quieren mantener su trabajo, incluso prefieren no aceptar el subsidio del gobierno al que consideran una limosna. Los trabajadores no descartan movilizarse hasta Montevideo.

El secretario general local del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), Ismael Sequeira, recordó que los dos meses de subsidio que recibieron los pescadores -$ 6.000 por los meses enero-febrero- fue a través del Suntma. Y aún falta establecer cuándo el gobierno se los pagará al sindicato.

Este subsidio es de $ 3.000 por mes para cada uno, cuando ellos por la pesca hacen $ 250 por día en promedio (unos $ 7.500 al mes).

Los trabajadores denuncian los incumplimientos de las promesas que les hicieron cuando instalaron la carpa, en forma de protesta, en la plaza de los Treinta y Tres Orientales. En aquel momento, la veda llevó a los pescadores a unirse y formar una agremiación, la que posteriormente determinó instalar una carpa frente a las oficinas centrales de la Intendencia de Salto. Además, decidió comenzar a negociar con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), a cargo de Jorge Montiel, a través del Suntma.

También se formó, a nivel local, una mesa coordinadora integrada por representantes de varias instituciones públicas y por políticos con el cometido de trabajar para instrumentar un subsidio para los pescadores mientras están impedidos de trabajar.

"De esa mesa coordinadora nunca más tuvimos noticias, así como tampoco del ex ministro José Mujica, que en su momento se comprometió a buscar una solución a nuestros problemas", dijo el representante de Suntma.

Estas restricciones de pesca -que abarcan áreas de Salto, Paysandú y Río Negro- afectan directamente a unos 230 pescadores y en general a más de 500 personas que dependen de la comercialización del pescado que es extraído del río Uruguay.

"Nosotros no queremos dádivas del Estado, pretendemos trabajar en lo que hicimos toda la vida, por tanto le decimos no al subsidio y a las limosnas del Ministerio de Desarrollo", enfatizó. Anunció que, si no hay respuestas antes del 1º de septiembre, habrá movilizaciones.