Bomberos reclaman aportes jubilatorios

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EDUARDO BARRENECHE

No sólo los ingresos por el Servicio 222, que generan los 28.000 policías, están en negro. El 60% de los sueldos de los 1.400 bomberos del país tampoco generan aportes patronales y lo mismo ocurre con las tareas preventivas para empresas realizadas por estos funcionarios, dijo a El País el presidente del gremio de bomberos, Garrison López. "Queremos que el Ministerio del Interior blanquee todos nuestros ingresos", agregó.

El próximo jueves, autoridades de Bomberos y el sindicato se reunirán con jerarcas del Ministerio de Trabajo para tratar de descomprimir el conflicto. Es que los bomberos ya tienen prevista una asamblea para dentro de 10 días donde evaluarán la realización de un paro de 48 horas o suspender las guardias en el aeropuerto de Carrasco y en la refinería de La Teja, entre otras acciones.

Además de reclamar que sus ingresos generen aportes ju- bilatorios, estos funcionarios cuestionan el estado de los coche-bombas y reclaman que una ley establezca que su trabajo es insalubre.

Según López, el 90% de los coche-bombas "no pasan" una inspección vehicular y dejó entrever que la situación de los vehículos ya causaron muertos en accidentes. "No queremos que muera otro bombero ni un transeúnte en un siniestro con un coche-bomba", explicó.

En caso de no llegar a un acuerdo con el gobierno el próximo jueves, los bomberos ya decidieron concurrir a la Justicia Penal para que ésta les exima de responsabilidad en caso de algún accidente en la calle. "Alguien tiene que hacerse responsable de la situación de esos vehículos", dijo López.

Con respecto a la salubridad de su tarea que conlleva horarios desmedidos, el directivo de Alianza de Bomberos señaló que reclaman que se aplique un sistema de 48 horas de trabajo semanales y no de 96 como ocurre en este momento y que cada dos años de trabajo se compute uno más para los cálculos jubilatorios por ser trabajo insalubre.

Según López, ya realizaron denuncias contra Uruguay en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que el gobierno incumplió con convenios internacionales referidos a trabajos insalubres y a la obligatoriedad de que los sueldos de los trabajadores les generen aportes jubilatorios.