EDUARDO DELGADO

La justicia ordenó levantar el secreto bancario de cuatro personas: Guido Antonini Wilson, Alejandro Lagrenade, dueño de Umissa, de Norberto Barcos, su representante en Venezuela y de Gabriela Alcalá. Umissa admite vínculos con Antonini.

La medida judicial fue dispuesta por la jueza Fanny Canessa tras una denuncia policial que recayó en su sede presentada por el padre de un ex socio de Antonini, Franklin Durán Guerrero. Durán está siendo juzgado en Miami acusado de actividades ilegales de inteligencia en territorio estadounidense para el gobierno venezolano, con el fin de encubrir el origen y destino de la valija con casi US$ 800 mil que Antonini Wilson intentó ingresar a Argentina sin declarar.

Canessa dispuso el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas que, según la denuncia presentada ante el Departamento de Delitos Económicos de la Policía por el padre de Durán, pertenecen, una a la empresa Umissa y otra tendría como titulares a Antonini, Lagrenade, Barcos y Alcalá.

La magistrada solicitó también al Banco Central que le informe del estado y movimientos de otras cuentas que haya a nombre de los mencionados en la denuncia.

La denuncia de Durán señala que de la cuenta de Umissa que recibió un anticipo de US$ 23.320.050 del gobierno de Venezuela por el contrato de la empresa por US$ 156 millones para la venta de 12.000 kits de casas prefabricadas, se desviaron U$S 18 millones a la cuenta conjunta y que de allí se giraron fondos para Antonini y su esposa en Miami.

Fuentes de Umissa consultadas por El País dijeron que la denuncia de Durán apunta a Antonini y "es una pelea entre dos ex amigos". No obstante reconocieron la vinculación entre el empresario venezolano y Barcos, representante de Umissa en Venezuela, y el pago de servicios a Antonini por compras de materiales para la empresa en las que intermedió el "empresario de la valija".

El padre de Durán presentó una denuncia penal como apoderado de su hijo el martes pasado y sostuvo que de la cuenta de Umissa a la que Venezuela giró el anticipo se transfirieron US$ 18.569.700 a otra cuenta conjunta de Antonini, Barcos, Alcalá y Lagrenade. También señala que de esa cuenta se giraron US$ 868.000 a una cuenta de Antonini y su esposa en un banco extranjero.

En la denuncia, Durán afirma que en el año 2006, Antonini le propuso a su hijo actuar como avalista o reasegurador del contrato que se iba a celebrar entre Umissa y el Ministerio para la Vivienda y Hábitat de Venezuela. El objetivo del contrato era que el gobierno venezolano comprara a Umissa las casas prefabricadas.

El denunciante sostiene que a Umissa se le exigieron garantías del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato y del anticipo en dinero que recibiría del ministerio venezolano. Umissa logró ese aval con la empresa venezolana de seguros La Previsora, que a su vez, para respaldar esa póliza, requirió un reaseguro que consistía en un aval solvente. Según Durán, Antonini le propuso a su hijo que lo otorgara.

Agregó que de ese forma, el 15 de agosto de 2006, su hijo se constituyó en el fiador solidario, a cambio del pago de una comisión equivalente a la tasa de mercado, y que ese aval fue complementado con una garantía real que compromete bienes de su patrimonio.

Durán agregó que el 13 de julio de 2008, su hijo comenzó a recibir pedidos de información por parte de la aseguradora venezolana sobre el estado de cumplimiento y avance del contrato. A su vez, el empresario empezó a solicitar a Umissa y a Antonini las explicaciones, rendiciones de cuentas e informes pertinentes.

Agregó que ante las evasivas y falta de respuesta, Durán hijo logró averiguar que el 10 de mayo de 2006, Umissa recibió de Venezuela, el anticipo en su cuenta del banco BBVA en Uruguay y el mismo día US$ 18.569.700 fueron transferidos a la cuenta conjunta de los denunciados.

Según la denuncia, adicionalmente existen datos de que personas vinculadas a Umissa pagaron los honorarios de abogados de Antonini Wilson en Estados Unidos.

La denuncia del padre de Franklin Durán es contra Antonini, Barcos y Umissa, y entre los delitos que señala se pudieron cometer están la apropiación indebida y la asociación para delinquir.

Las fuentes de Umissa consultadas aseguraron que no se realizó ningún contrato con Durán para que avale el seguro que se acordó con la aseguradora venezolana y que tampoco se pagó a ningún abogado de Antonini.

Indicaron que Antonini no es socio de la empresa aunque se admitió que gestionó sin éxito la venta de viviendas prefabricadas a otros países.

Respecto a las cuentas bancarias, las fuentes expresaron que el 80% de los US$ 23: del anticipo financiero que Umissa recibió fueron depositados como garantía y que se auditaron los gastos para insumos y servicios. "No hubo desviación de fondos y lo demostraremos en la Justicia", destacó la fuente.

Se señaló también que los US$ 800.000 que la denuncia sostiene fueron transferidos a Antonini a Miami, fueron por el pago de materiales y comisiones que el empresario venezolano intermedió en Estados Unidos.

"Así como demostramos que las anteriores denuncias eran mentira, lo haremos esta vez", dijeron las fuentes, que señalaron que la empresa está deseosa que la Justicia uruguaya investigue sus cuentas y negocios.

Guido Antonini Wilson - empresario venezolano

Intentó ingresar US$ 800 mil a Argentina sin declarar. Luego viajó a EEUU, donde colaboró en la investigación sobre actividades de agentes de inteligencia de Venezuela. Argentina y Venezuela piden su extradición.

Franklin Durán - empresario venezolano

Está detenido en Miami acusado de actividades de inteligencia ilegales. Denunció que fondos destinados a Umissa fueron derivados a cuentas de particulares y que personas cercanas a la empresa pagaron a abogados de Antonini en EEUU.

Alejandro Lagrenade - propietario de Umissa

Negoció con Venezuela y logró un acuerdo para exportar 12 mil casas prefabricadas a cambio de US$ 156: Es uno de los denunciados por Durán. Fuentes de la empresa negaron las acusaciones, pero no el relacionamiento con Antonini.

Norberto Barcos - abogado venezolano

Hijo de uruguayos, es el representante de Umissa en Venezuela y quien acercó a la empresa a Antonini Wilson. Dirige la empresa Cerjeca y fue intermediario en acuerdos realizados en el marco del Fondo Bolívar-Artigas.

Fanny Canessa - jueza penal

Es la jueza que con la fiscal Mónica Ferrero tramita el caso. Ordenó el levantamiento del secreto bancario de varias cuentas. La investigación la realiza con el Departamento de Delitos Económicos de la Jefatura a Policía de Montevideo.

Rodolfo Wanseele - uruguayo radicado en EE.UU.

Fue detenido en Miami por su presunta vinculación con organismos de inteligencia venezolanos. Primero se declaró inocente y luego culpable al igual que dos de los otros tres detenidos. Solo Durán mantiene que es inocente.

Bernardo Villamil, el abogado que representa legalmente al padre de Franklin Durán, declinó hacer comentarios a El País, pero aclaró que "la denuncia es ajena a los gobiernos de Venezuela y de Uruguay y a los acuerdos entre los dos países". Dijo que se trata de una denuncia entre personas físicas. El negocio de las casas prefabricadas fue presentado por el gobierno como parte de los acuerdos entre ambos países, pese a que se gestó y concretó antes de que los gobiernos de Tabaré Váz-quez y Hugo Chávez realizaran esos acuerdos.

Tras conocerse que Guido Antonini Wilson intentó ingresar US$ 800.000 a Argentina sin declarar -los que presuntamente tenían como destino la campaña presidencial de la entonces candidata Cristina Fernández-, y la posterior detención en Miami del empresario, trascendieron datos de sus visitas y actividades en Uruguay.

Legisladores de la oposición marcaron su preocupación sobre las acciones del empresario venezolano en Uruguay y la posibilidad de que tuviera relación con el gobierno o personas cercanas a él, lo que fue negado por autoridades del Poder Ejecutivo y legisladores del Frente Amplio.

Los diputados blancos Pablo Abdala, Gonzalo Novales y Mauricio Cusano presentaron una denuncia penal en la que solicitaron al juez Juan Carlos Fernández Lecchini que investigue las actividades de Antonini en el país.

Empleados de PDVSA Uruguay declararon ante el juez y negaron que esa empresa tenga algún vínculo con Antonini.

A la denuncia de los legisladores nacionalistas se su-mó días atrás la presentada al juez penal Sergio Torres por el diputado colorado Washington Abdala, que pidió se investiguen los negocios hechos al amparo del Fondo Bolívar-Artigas, un fideicomiso creado en base al dinero que paga Uruguay a Venezuela por las compras de petróleo. Abdala pidió que se cite a jerarcas y empresarios, entre ellos un hijo del presidente Tabaré Váz-quez, que es parte de una empresa que vendió software a Venezuela.

El fiscal Ricardo Perciba-lle estudia el escrito de Abdala para resolver si solicita medidas al juez Torres.