La protesta de un grupo de integrantes de la Asamblea de Gualeguaychú, que culminó con la "toma", de alguna forma hay que describirlo, del Consulado uruguayo en aquella ciudad, es un episodio de considerable seriedad. Es cierto que la Argentina y Uruguay están unidos por vínculos muy estrechos, casi de familia, pero también es verdad que, a pesar de ello, nunca debe perderse de vista la importancia de mantener, en el fondo y en la forma, los principios fundamentales que deben regir la convivencia de dos Estados soberanos.
Tuvo razón, entonces, el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, al recordar, respecto del incidente que el "Consulado es un ámbito diplomático, hay acuerdos internacionales que garantizan qué actitud debe tener cada Estado ante los espacios diplomáticos de otros Estados". Agregó que se suponía que las autoridades argentinas habían procedido a desalojar a los ocupantes. Qué fue lo que sucedió: la presidenta Cristina Fernández se comunicó con el intendente de Gualeguaychú para que pusiera fin a la protesta y los ocupantes se retiraron del lugar.
El Gobierno argentino actuó en forma rápida y eficaz para evitar un incidente diplomático.
Al mismo tiempo, lo acontecido contribuyó, nuevamente, a poner en evidencia la actitud de los asambleístas de Gualeguaychú. Cada vez menos explicable.
En este caso, el motivo de la medida fue que la Prefectura Nacional Naval uruguaya detuvo en un puerto uruguayo a una lancha argentina por no respetar una norma sobre la navegación en aguas sujetas a soberanía de nuestro país. Debido a ello el propietario de la lancha tiene que pagar una multa para recuperarla. Como explicó Prefectura, "si paga la multa, la embarcación puede salir". Parece obvio.
No existen los derechos absolutos. Todo derecho tiene sus límites, incluyendo el de protestar por el medio ambiente. En este caso, los asambleístas intentan imponer su voluntad al Gobierno uruguayo, que ha actuado legítimamente aplicando sus normas sobre navegación, mediante acciones de creciente agresividad y tratando de evadir la responsabilidad por sus actos.
Y ello es inaceptable.