Que un individuo cualquiera como Julio Marenales, carente de investidura alguna, que no está amparado por fueros, se despache con afirmaciones tales como que los últimos presidentes del Partido Colorado fueron los cerebros políticos del llamado "escuadrón de la muerte" que se dice existió en tiempos de la dictadura, en cualquier país del mundo daría para sancionarlo penalmente por difamación.
Aquí y hoy no vale la pena intentarlo porque es más lo que se puede perder que ganar, denunciando a una persona que hace dudar sobre su imputabilidad. Por eso es correcta la respuesta del Dr. Julio María Sanguinetti, quien se limitó a señalar que el insulto fue a quienes reconstruyeron la democracia que le permitió salir de la cárcel y volver a disfrutar de las libertades democráticas en las que nunca creyó. No da para más.
Pero que el senador Fernández Huidobro diga públicamente que a Amodio Pérez se le buscó para ejecutarlo por traidor, con el aditamento que era lo que correspondía, es grave. Porque quien así se expresa, ocupa una banca del Senado y está diciendo que un asesinato era la respuesta adecuada a una actitud que no le gustó a quienes se alzaron con las armas contra las Instituciones. Esto es una de las tantas barbaridades que caracterizan los dichos del senador de los exabruptos.
Que no es el único, porque ahora José Mujica Cordano, anuncia su disposición a adherir a la "anulación de la ley" -una figura antijurídica y grotesca, que puede sentar precedentes funestos en un país que defiende como puede el derecho a la seguridad jurídica- que no sin cierta ingenuidad, pero con elevación de miras, quiso pacificar al país.
Ésta, conjuntamente con la puntualización del inefable Galeano cuando también concretó en solemnidad la agresión a la lógica de la Justicia y a la incolumnidad del derecho, con el juego de palabras de que se considera "olvidadizo pero no olvidador", son demostraciones demasiado duras del grado de deterioro que sufre el país en las bases que han sustentado su legítimo prestigio democrático y su condición de Estado de Derecho.
Y hay que recuperarlo.