EDUARDO DELGADO

La compra de un edificio por parte de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad (CHAFS) no fue ajustada a derecho, el monto de becas es bajo y los gastos de funcionamiento altos, según la Auditoría Interna de la Nación.

La CHAFS maneja los fondos que aportan profesionales y que están destinados a financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional.

La auditoría analizó los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2006 en los rubros "Transferencias Udelar", "Becas Otorgadas", "Bienes de Uso", "Edificio Propio" y el monto imputado en el capitulo "Egresos".

El 20 de agosto de 2004 y por un monto de $ 1.458.625, la CHAFS adquirió un bien inmueble lindero a su sede central ubicada en Mercedes 1794 (que le fue otorgado en comodato por el Ministerio de Educación y Cultura), con la finalidad de ampliar la misma y destinarla al Departamento de Profesionales, indica la auditoría.

El 19 de abril de 2006, la institución celebró un convenio por valor de $ 2.455.372 con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el que se establece que la Dirección Nacional de Arquitectura lleve a cabo las obras de recuperación y reciclaje del edificio.

Para la Auditoría Interna de la Nación (AIN), "del análisis de la normativa aplicable al Fondo de Solidaridad no surge disposición alguna que habilite la compra de bienes inmuebles por la CHAFS".

"En conclusión: la adquisición de un bien inmueble por compraventa con destino a la ampliación de la sede del Fondo no es ajustada a derecho, por cuanto: no está prevista expresamente en la normativa, tampoco está comprendida dentro de la actividad o giro de la persona pública Fondo de Solidaridad, por cuanto no se vincula con el cumplimiento de su cometido institucional: financiamiento de un sistema de becas", destaca el informe al que accedió El País.

BECAS. La AIN también cuestiona el manejo de las becas. En ese sentido afirma que se constató que el monto de becas otorgadas es un 67% inferior al autorizado legalmente. La AIN considera que "no existen procedimientos de control que permitan asegurar que el monto de las becas pagadas sea pertinente".

Señala que los procedimientos implementados por la CHAFS para la autorización de becas "no permiten asegurar que todas las solicitudes presentadas hayan sido consideradas para su autorización".

"No se realizan, en el caso de las renovaciones de becas, controles que verifiquen la afirmación de los datos contenidos en las declaraciones juradas respecto a la situación socio económica de los becarios", agrega.

Tampoco se puede conciliar el monto global pagado por becas con la discriminación de los becarios que fueron autorizados a efectos de determinar la exactitud de los mismos, expresa el informe.

FUNCIONAMIENTO. Otro de los puntos al que hace referencia la auditoría es a los gastos de funcionamiento de la CHAFS. "En relación con el análisis de cumplimiento de la normativa legal en relación al monto contabilizado por concepto de gastos de funcionamiento, se observa que los mismos en el ejercicio 2006 superan el 65,77% del monto autorizado", indica.

Añade que de esa manera no da cumplimiento al tope legal autorizado, "destinando recursos con fines distintos a los establecidos por ley".

El informe de la Auditoría da cuenta que las tareas en la CHAFS "fueron realizadas con independencia, objetividad y debido cuidado profesional".

En sus conclusiones, la AIN sugiere "el cumplimiento de las medidas necesarias y convenientes para la mejora de la gestión de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad".

Récord de becas en 2008

La comisión que administra el fondo de solidaridad responderá el informe de la auditoría, que considera carece de profundidad, dijo una fuente del organismo. En el 2008, la comisión batió su récord de becas otorgadas, al alcanzar 5.700, y acumula más de 50.000 becas en la historia del fondo de solidaridad. La mayor demanda de becas es del Interior. La comisión depende de siete instituciones. Desde hace tres años su personal se elige mediante llamados públicos y consultoras privadas.