Una reacción desmedida del canciller venezolano, nada menos que la amenaza de expulsarla del país, saludó la llegada a Caracas de la diputada uruguaya Adriana Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur. Peña viajó para investigar las denuncias de injusta inhabilitación de políticos como candidatos en las próximas elecciones municipales. Es que el gobierno de Chávez presentó una lista de 200 proscriptos quienes protestaron ante el Parlamento del Mercosur. La oposición alega que la mayoría de los inhabilitados carecen de antecedentes penales que justifiquen su exclusión. La parlamentaria compatriota anunció que cumplirá con su misión de escuchar a los denunciantes y trasmitir sus impresiones a la comisión. No se entiende por qué eso irrita al canciller venezolano.