EDUARDO DELGADO
La auditoría interna de la Dirección General Impositiva (DGI) inició una investigación a partir de la denuncia del ex presidente Jorge Batlle de que en ese organismo hay que pagar una contribución destinada a un fondo de los funcionarios para que no se demoren los trámites.
El propio Batlle será citado por el auditor de la DGI, para que ratifique sus dichos y aporte la información que tiene, anunció ayer el director nacional de Rentas, Nelson Hernández.
El ex presidente no está obligado a concurrir y anunció que hoy dará una conferencia de prensa en que hablará sobre este tema.
Ayer Hernández y el sindicato de funcionarios de la DGI realizaron una conferencia de prensa y emitieron un comunicado en conjunto en que rechazaron los dichos de Batlle "por ser agraviantes e injuriosos a la institución y a sus funcionarios y por no resultar ajustados a la verdad".
Afirman que Batlle generalizó, poniendo a todos los funcionarios del organismo recaudador como parte de una asociación para delinquir.
Acompañado de unos 20 funcionarios, entre ellos los principales dirigentes del sindicato del organismo, Hernández expresó el "malestar" de todos por "afirmaciones infundadas" que "constituyen un agravio gratuito".
salida. Hernández le bajó el perfil a sus dichos del lunes, cuando planteó la posibilidad de comenzar un juicio a Batlle por sus declaraciones.
El cambio se debió a que el jerarca y el sindicato consideraron que realizar una conferencia de prensa en la que se informara de la investigación de la auditoría y anunciar un juicio podría ser entendido como una presión a Batlle.
Hernández considera que se puede evitar llegar a la Justicia mediante "una salida razonable" y si Batlle aclara sus dichos. Por eso atemperó ayer sus comentarios del lunes.
Rosario Ibarra y Walter Vázquez, del sindicato de funcionarios de la DGI, se pronunciaron en el mismo sentido que Hernández. Dijeron que la exclusividad de los empleados del organismo tras la reforma de 2005 dio mayores garantías y aseguraron que la propia DGI cuenta con medios para sancionar a quienes cometen irregularidades.
trámites. En una entrevista en el programa Quién es Quién de Canal 5 y Diamante FM, Batlle se refirió a la gestión en la Dirección Nacional de Aduanas en este período de gobierno y en el suyo y también sobre el procesamiento de 11 funcionarios aduaneros del aeropuerto de Carrasco.
Batlle expresó que el pago de dinero a funcionarios para agilizar expedientes es una práctica muy antigua en la administración pública.
Afirmó también que cuando se va a la DGI a hacer trámites específicos, hay una contribución para un fondo de los funcionarios, y que si ésta no se paga se demora la gestión.
Según Batlle, si la Justicia investiga el pago de dinero para que los trámites se cumplan más rápido, "van a poner presos al 100% de los empleados de Aduanas".
En la entrevista, Batlle fue muy crítico con el director de Aduanas, Luis Salvo, al punto que reconoció que había sido un "error" su designación al frente del organismo y que eso lo removió del cargo cuando fue presidente.