Con varias modificaciones, el Senado votará mañana el proyecto de ley que obliga a poner desfibriladores automáticos en lugares públicos y privados. Los cambios apuntan a una aplicación gradual y eliminan el "piso" de 1.000 personas exigido para los lugares que deberán tener este aparato, utilizado para asistir paros cardíacos fulminantes. Así, el proyecto debe volver a la Cámara de Diputados pero existe acuerdo en que el trámite sea rápido.

Las modificaciones pasan por "no establecer criterios tan rígidos" y dejar algunos aspectos librados a la reglamentación, dijo a El País el presidente de la comisión de salud del Senado, Alberto Cid (Asamblea Uruguay).

El texto original, presentado por el diputado Luis Gallo, del mismo sector, obligaba a poner desfibriladores externos automáticos en establecimientos donde "transiten o permanezcan más de 1.000 personas por día". Los senadores entienden que hay situaciones distintas y no se puede dar una cifra concreta de tránsito de personas: "Un avión puede llevar 200 o 300 personas y precisa un desfibrilador. En una gran superficie transitan miles de personas. Lo mejor es que la autoridad sanitaria defina quién debe poner desfibrilador", indicó Cid.

El senador comentó en la comisión de salud: "No conozco ningún parámetro científico que justifique cuándo el mínimo debe ser de 1.000 personas (para tener un desfibrilador), 500 o 100".

Además, el Ministerio de Salud Pública establecerá una aplicación gradual y no universal desde el arranque. "No podemos embarcar al país a instalar desfibriladores en todos los departamentos sin tener gente entrenada. Esto exige prudencia en la implementación", según Cid.

También se agrega que es de interés nacional la importación de equipos para el entrenamiento de personas: "Es casi tan caro el muñeco para el entrenamiento que el desfibrilador". El gobierno dispone de 90 días para la reglamentación de la norma.

MEDICAMENTOS. Mañana el Senado también tiene previsto aceptar los cambios que Diputados hizo al proyecto de ley de derechos de pacientes y usuarios de salud. Allí se establece la posibilidad de acceder sin restricciones a la historia clínica y se pone sobre la mesa, con fuerza de ley, cuestiones que son de uso práctico y habitual en los servicios sanitarios. El proyecto dice, además, que el Estado garantizará el acceso a los medicamentos básicos.