Detectives estatales contra la corrupción

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Crear un equipo especial que investigue casos de corrupción y devolver a la Justicia su rol de juez, así como revisar el sistema de reglas y su efecto en los funcionarios, son algunas ideas planteadas en un libro para evitar la corrupción en el Estado.

El gobierno es un cliente primordial para muchas empresas y la preocupación por controlar la corrupción marca las reglas de la contratación pública.

En un momento en el que se investigan diversas denuncias de corrupción en la órbita estatal y se estudian modificaciones al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), que regula el procedimiento actual de contratación del gobierno, esto cobra particular importancia.

Andrés Cerisola, socio de Ferrere Abogados y catedrático de Derecho de la Universidad ORT, dedicó a este tema un capítulo de su libro Curso de derecho de la empresa.

"Se acepta que dado el bajo alineamiento de los intereses subjetivos de los funcionarios públicos, debido a las propias reglas de juego imperantes, en un régimen de total libertad la corrupción en la contratación alcanzaría un nivel inaceptable e implicaría un costo desmesurado", afirma.

En este sentido señala que el régimen de compras y de contratación pública está fuertemente formalizado para disminuir y controlar los costos de la corrupción. Estos sistemas generan a su vez grandes costos, que pueden superar el ahorro que los controles implican.

El abogado afirma que hay casos en los que se hacen malas contrataciones a sabiendas, "por pagar tributo a una formalidad", y sostiene que la falta de incentivos lleva a que los funcionarios sean "más formalistas en lugar de más honestos". Por eso recomienda tener en cuenta el sistema de reglas y su efecto en los funcionarios para reformar la contratación pública y que el control sea efectivo.

Ante cada denuncia de corrupción se plantea el reclamo de que sea la Justicia la que investigue, lo que para Cerisola no es una buena medida pues la Justicia no tiene los recursos necesarios y su función es juzgar y no investigar. "La idea misma es un ataque a los derechos individuales", asegura.

La investigación es potestad de la Policía, los fiscales u organismos de auditoría y los jueces, salvo los del Tribunal de Cuentas, sólo investigan los casos que les son remitidos.

Cerisola recomienda la creación de un equipo que con independencia investigue las irregularidades. "Si el Estado quisiera prevenir realmente la corrupción lo que debería hacer es crear un equipo de detectives especializados en fraudes sofisticados que tuviera el personal adecuado y la responsabilidad claramente definida de investigar los delitos en contra del Estado", propone.

Sostiene que así se respetarían los derechos de los individuos y se reduciría la corrupción dentro del Estado.