GONZALO AGUIRRE RAMÍREZ

Estoy convencido de que el Frente no va a ganar las próximas elecciones. Por varias razones. Por lo que yo llamo la "Ley de decrecimiento electoral del partido de gobierno", que ha constituido en nuestro país una constante histórica, a partir de 1958. Y, además, por datos objetivos de la vida cotidiana. A cada rato, alguien nos dice que los votó -a Vázquez y compañía-, pero que nunca más lo hará.

Algunos, los menos, dicen que votarán en blanco. Otros, los más, que lo harán por los blancos. El color es el mismo, pero, aritméticamente, ello duplica el efecto negativo para el Frente. Ando mucho en taxi y casi no hay taxista que no me diga lo que yo ya pienso. Que vienen en bajada. "Esta es la mejor encuesta", suelen afirmar los trabajadores del volante y tienen razón. Sus clientes son, casi todos, de clase media.

Por otra parte, los perjudicará, sin duda, carecer de un candidato con las características de Vázquez, con cierto carisma y aceptado por tirios y troyanos de su grey. Unos, que no son pocos, tienen atragantado a Astori. Y viceversa. Es decir, que quienes prefieren a éste ven inviable a Mujica. Además, parecen marchar hacia una interna verdadera, ineludible, de la que saldrán más desunidos de lo que ya lo están.

Los "encuestólogos" ya han registrado la tendencia decreciente y, en consecuencia, archivaron sus erróneos pronósticos de la inevitabilidad del bis "progresista".

Todo ello no es fruto exclusivo de la referida "Ley de decrecimiento electoral", debida a que todo gobierno satisface menos expectativas de las que en él depositaron sus votantes. El gobierno, a pesar de correr con el fuerte viento a favor de una coyuntura económica internacional favorabilísima, padece de "reformitis". Si dijo, siempre, que todo lo hacían mal, los gobiernos anteriores, se sintió comprometido a hacer reformas, por ley y con ese título algunas, y le resultaron goles en contra. Así, la reforma tributaria. Con la consigna de "que pague más el que tiene más", crearon un mal llamado impuesto a la renta que resultó, sobre todo, un mazazo impositivo a trabajadores y jubilados, que ya no pueden trabajar más. Muchos no pagan el IRPF, es cierto. Lo que no impide que entre 300.000 y 400.000 uruguayos estén que trinen contra esta agresión a sus bolsillos. Después, la reforma de la salud, cuyo obligado aporte al FONASA disminuye los ingresos de miles de trabajadores y que, como debió preverse, está despoblando los hospitales públicos y superpoblando las mutualistas.

Y está, a la vuelta de la esquina, la reforma de la educación, que acentuará el corporativismo de los docentes y creará una hipertrofiada estructura orgánica, que acercará, al sistema estatal, a su parálisis.

No hubo una reforma legal y orgánica del sistema de relaciones laborales. Pero, entre marchas y contramarchas, las medidas adoptadas, flechando la cancha en beneficio de los gremios, aumentaron la conflictividad y perjudicaron la rentabilidad de las empresas.

La "ley Díaz", a principios del gobierno, liberó a cientos de presos y aumentó la inseguridad. Cambió el ministro, pero nada mejoró en esta materia .

Leyes se han sancionado, recientes, que han hecho trizas garantías milenarias del derecho de propiedad. Y otras que, equiparando lo que la naturaleza enseña que no es equiparable, hacen escarnio de las normas constitucionales sobre la familia y los derechos de sus hijos. En esta materia, la consigna es que todo vale. Ergo, nada vale. "Todo es igual, nada es mejor", observó Discépolo.

Por ello, perderán.