El BPS presentó ayer los primeros resultados de una investigación interna sobre una maniobra con cheques de empresas que eran "aguantados" por funcionarios del organismo para eximirlas de multas y recargos.
Pocos días después de las denuncias de irregularidades en Aduanas, el BPS hizo públicas presuntas maniobras que involucrarían a personal de una de las oficinas clave en la Asesoría Tributaria y Recaudación (ATyR).
Las máximas autoridades del BPS encabezado por su presidente, Ernesto Murro, hicieron pública ayer una denuncia sobre estas presuntas irregularidades administrativas.
Tras recibir la denuncia en abril pasado, las autoridades del BPS iniciaron una auditoría interna que desembocó en los resultados revelados por Murro en conferencia de prensa.
La acusación señalaba que funcionarios de la Tesorería de Recaudación -dependiente de la gerencia de Finanzas del BPS- "aguantaban" los cheques de las empresas, evitándoles el pago de multas y recargos.
Murro explicó que "decenas" de firmas "muy importantes" y en algunos casos en más de una ocasión, acordaron supuestamente con los funcionarios de esa oficina que el depósito de esos cheques no se hiciera hasta después de 15 días. Ello contraviene la reglamentación del BPS que establece que en el pago con cheque, éstos deben ser depositados al día hábil siguiente en el Banco República.
Los cambios de fecha se hacían "con cuidado" y dentro del mes, de manera que los controles internos de la institución no se percataran de la maniobra, explicó Murro.
El presidente del BPS dijo que se cuentan varios casos con cheques por valores de cientos de miles de pesos; incluso algunos rondan el $ 1.500.000.
Esto supone una pérdida para el organismo y una "competencia desleal" respecto a otras firmas que sí pagaron en tiempo y forma, agregó. Murro explicó que incluso algunas empresas habían sido premiadas con descuentos en régimen de buenos pagadores, que eran de un 30% a fines de 2006 y de un 10% a fines de 2007. Esas bonificaciones significaron sólo en 2006, unos US$ 7.000.000.
El jerarca aclaró en reiteradas oportunidades que no responsabilizaba a las empresas en su totalidad, pero apuntó a que sí había personal que sabía que en el BPS "aguantaban cheques".
Descartó que hayan casos que involucren a gestorías dada la magnitud de las empresas presuntamente implicadas.
medidas. Consultado sobre si el favor de los funcionarios ocultaba el pago de una coima, Murro dijo desconocer si ello era así pues por el momento sólo manejan los resultados primarios de la investigación.
Por respeto al secreto tributario, Murro no entró en detalles de cuántas son las empresas envueltas en el caso, aunque admitió que eran "muy importantes", "conocidas" y que pertenecen a diversos rubros. El titular del BPS dijo que la divulgación en la prensa de los resultados de la investigación sirve para "advertir a las empresas" sobre esta situación.
Una vez conocidos estos primeros resultados, las autoridades del organismo resolvieron abrir un sumario con separación de cargo al responsable de la Tesorería de Recaudación (un hombre con "buenos antecedentes" en la institución), por la pre-tipificación de una falta grave. A su vez, se dispuso que la oficina quede intervenida y el inicio de una investigación administrativa, así como la denuncia de estas irregularidades ante la justicia penal.
Murro no indicó de dónde provino la denuncia que originó la investigación, manejándose con cautela y sin entrar en los detalles de la misma, a fin de asegurarle las máximas garantías a los presuntos involucrados (funcionarios y compañías), dijo.
Su gesto adusto sólo se interrumpió con una sonrisa cuando respondió, lacónico, que el autor de la denuncia no había sido el "Señor X", el mismo que desencadenó el caso Aduanas.
Permisos pero con recargo
El presidente del BPS, Ernesto Murro, remarcó la gravedad de que funcionarios decidieran "por sí" diferir el pago con cheques por varios días. Murro afirmó que normalmente el directorio del BPS recibe solicitudes de las empresas para que permita diferir el pago con cheques. No obstante, las autoridades aclararon que en los casos en que fue aprobado, la institución cobró las multas y recargos correspondientes.