Asesores aconsejan a empresas no dar adelantos de suba salarial

SEBASTIÁN CABRERA

Avanzado el mes de julio y con los consejos salariales en un lento comienzo, se abre una interrogante: ¿las empresas deben dar un adelanto del ajuste a los sueldos o aguardar a que se firmen los convenios? Las grandes cámaras aconsejan esperar.

La posición más firme surge desde la Cámara de Comercio y Servicios, que representa a un sector que ocupa cerca del 50% del empleo total. "Aconsejamos que aguanten", dijo a El País el gerente de asuntos laborales Juan Mailhos. El razonamiento se basa en que años anteriores hubo malas interpretaciones en algunas empresas, debido a que los trabajadores entendían que el adelanto no formaba parte del aumento salarial, según indicó Mailhos.

El ajuste salarial (entre 5 % y y 7,5 %, de acuerdo a estimaciones) debe ser retroactivo al 1° de julio, pero -entre el conflicto de los negociadores del Ministerio de Trabajo y la tradicional demora para arrancar la ronda- la mayoría de los convenios no se firmarán antes de septiembre. Si las empresas no adelantan el aumento, deberán abonar los ajustes de los meses anteriores en el momento de cerrar los convenios.

Mailhos admitió que la retroactividad genera inconvenientes, pero cree que es mejor esperar a que se firmen los convenios, porque "no está muy claro cómo se va a negociar". De todos modos, la Cámara le recomienda a las empresas afiliadas hacer las previsiones correspondientes por la retroactividad que se va a generar.

La Cámara de Industrias no tiene una directiva concreta, pero el dirigente Andrés Fostik dijo que no está previsto recomendar un adelanto en el aumento, ya que cada consejo de salarios "tiene su historia" y además no hubo presiones sindicales para que los consejos arranquen o se apuren.

La cámara metalúrgica dejó en libertad a las empresas y el dirigente Miguel Oliveros cree que las recomendaciones de "adelantar" pueden tener un efecto negativo: "Si se da un adelanto, eso pasa a ser el piso de cualquier negociación, no tiene mucho sentido". Su experiencia indica que la mayoría de las empresas del sector no dan adelantos hasta tanto no se apruebe el aumento salarial.

DIFERENCIA. La única posición divergente viene de la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (Anmype), que desde 2005 tiene la postura de aconsejar a las empresas afiliadas a adelantar el ajuste salarial. En este caso se recomienda a los afiliados otorgar un 4 o 5% de aumento, ya que luego "es más fácil dar la diferencia que pedirle al trabajador que devuelva lo que se le otorgó en forma equivocada", explicó el empresario Ricardo Posada.

"Tarde o temprano hay que pagar el ajuste. Y para las empresas chicas, otorgar la retroactividad de varios meses es mucho más difícil. Es un tema de orden y de justicia para el trabajador. Es parte de la confianza que se construye. Luego está la libertad (de las empresas) de hacerlo o no", afirmó. La principal dificultad para las pequeñas empresas pasa por otorgar los aumentos de 20 % y 16 %, obligatorios para los sueldos menores a $ 4.300.

El tema ha estado presente en algunas negociaciones ya instaladas. Por ejemplo, en uno de los diez subgrupos del transporte, el de marina mercante, las partes acordaron informalmente dar un adelanto a cuenta del aumento salarial.

GOBIERNO. Oficialmente, el Ministerio de Trabajo no tiene postura y, al menos por ahora, no se ha emitido una recomendación acerca de dar o no un adelanto del aumento, dijo el ministro Eduardo Bonomi. En las rondas anteriores, el gobierno ha aconsejado a las empresas otorgar al menos parte del aumento mientras se negocia, pero no lo puede imponer.

Para el sindicalista Milton Castellano, el retraso en la negociación genera un problema "muy serio" para las pequeñas y medianas empresas por la retroactividad, y "un gran perjuicio" para los trabajadores. Más cerca de fin de mes, el Pit-Cnt evaluará si empieza a reclamar a las cámaras un adelanto de los aumentos, dijo Castellano.

"Los empresarios hablan de una ley de ocupaciones, pero esta es una ley de desocupación", dijo ayer el ministro Eduardo Bonomi, en referencia al proyecto de ley enviado esta semana al Parlamento. "El robo es ilegal y yo no lo legalizo legislando sobre ese delito. En este caso tampoco se legaliza la ocupación al legislar", indicó. El Ministerio de Trabajo aconsejó a legisladores del Frente hacer dos correcciones al proyecto. Una es poner "expresamente" que la acción que podrá iniciar ante la Justicia el representante legal de una empresa es una acción "de desocupación". Y atendiendo a otra queja empresarial, se pondrá un plazo concreto (entre 24 y 72 horas) para que el Ministerio de Trabajo envíe un informe al juez laboral respecto a si tuvo intervención en el conflicto y el estado de las negociaciones, en caso de existir.

El Ministerio de Trabajo terminará de instalar la próxima semana los grupos que aún no empezaron a negociar. Esta ronda incluye 24 grupos, que luego se transformarán en unas 200 negociaciones, si se cuentan todos los subgrupos. Por ejemplo, se convocó a los tres grupos rurales. Las autoridades ya designaron a unos 20 abogados que trabajan en otras partes del Ministerio de Trabajo, para que refuercen la ronda debido al conflicto con los negociadores. Hasta al jueves la mayoría de esos abogados no había comenzado a participar. Hasta ahora se ha sesionado con los jefes de grupos y algunos negociadores no sindicalizados. El conflicto con los negociadores no se ha resuelto aún y hay una reunión en la OPP la próxima semana.