EDUARDO BARRENECHE

Aduaneros y despachantes están obligados a convivir cada día en un clima tenso mientras se acusan mutuamente en el Juzgado de la Ciudad de la Costa. El comunicado del gremio de Aduanas crispó aún más las relaciones entre ambos.

"En cualquier momento necesitaremos un revólver 38 para abrir la puerta de nuestras oficina en Aduanas. Cada vez que salimos al pasillo hay un problema o una discusión", relató ayer a El País un funcionario aduanero.

A poca distancia de allí, un empleado de un despachante de Aduanas debió esperar cinco horas para tramitar la importación de un contenedor con mercaderías. Que el barco llegaba a la siete de la mañana. Que atracaba a las 10. Que el puerto es chico y la operativa se complica. Esos fueron los principales argumentos que recibió el despachante por el retraso de los aduaneros.

Dos horas más tarde y ante sus pedidos de que apurara el trámite, un aduanero seguía impávido con el mismo argumento: "El trámite viene muy trancado. Tenés que esperar".

La principal explicación para tal grado de crispación es el desfile de aduaneros y despachantes por el Juzgado Penal de la Ciudad de la Costa en el último mes. Entre el miércoles 16 y ayer, declararon seis aduaneros, 14 despachantes de Aduanas y sus respectivos cadetes ante la jueza Mariana Mota y el fiscal Gilberto Rodríguez por la existencia de eventuales coimas para agilizar trámites de importaciones.

Los empleados de los despachantes acostumbraban llevar billetes con cambio pequeño (de $ 20 y $ 50) que eran entregados a los aduaneros por cada trámite de importación. Por estos ilícitos fueron procesados nueve aduaneros con prisión el viernes 28 por el delito de cohecho simple (coima). Ahora la Justicia Penal investiga a los despachantes y a sus funcionarios. Ya se habla de un paro en el sector si un empleado es procesado por la Justicia.

TRANCAZO. El procesamiento con prisión de los aduaneros generó que la "propina" dejara de circular en ámbitos aduaneros. Pero, ello trajo consigo el enlentecimiento de los trámites: los aduaneros revisan muy bien cada expediente para no caer en dolo.

Según fuentes del sector, los aduaneros decidieron trabajar a reglamento en los depósitos fiscales. Antes se permitía a los transportistas que arribaban al puerto a retirar la mercadería importada a realizar los trámites sin la presencia del despachante. Ahora las "gauchadas" se acabaron. El aduanero exige que el despachante esté presente en todos los trámites. Ello obliga a los empleados de las empresas a concurrir a cualquier hora al puerto para recibir las mercaderías ingresadas en los contenedores.

Los despachantes acusan a los aduaneros de "trabajar a media máquina" y no procurar resolver los problemas de importaciones con celeridad. Es que los funcionarios de Aduanas saben que la lentitud hará perder dinero a los despachantes y a los importadores.

Por su parte, los aduaneros sindican a los despachantes y a los importadores de mercaderías de ser los primeros en "presionar" para sortear las trabas burocráticas al ingreso de mercaderías

Según fuentes del gremio de Aduanas, los funcionarios "entregan dinero" para agilizar los trámites y si el funcionario no lo recibe, llaman a autoridades aduaneras para que agilicen la importación.

La "guerra de comunicados" gremiales

Los procesamientos de aduaneros y las posteriores detenciones de otros funcionarios y despachantes generaron una "guerra de comunicados" entre las gremiales que nuclean a ambas partes. En un primer comunicado emitido el 30 de junio pasado, la Asociación de Despachantes de Aduanas (ADAU) señaló que a lo largo de muchas administraciones -incluida la actual- "hemos denunciado situaciones de hecho, que vician el normal funcionamiento de los trámites aduaneros e implican grandes perjuicios para nuestros asociados".

El viernes 11, tras los procesamientos de los nueve aduaneros por la Justicia, la Asociación de Despachantes reconoció que pagaba para que no se trancaran los trámites de importaciones. "Desde tiempos inmemoriales existen prácticas que no se han logrado erradicar; abusos de autoridad, de poder y sutiles mecanismos de presión que distorsionan el trabajo profesional de despachantes. (...) Sentimos que se obliga a pagar por un trámite que ya está incluido en el sueldo del funcionario".

El miércoles 16, la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) dijo que el sistema pretende transformarlos en "chivos expiatorios" de hechos ocurridos en Aduanas. "Son ellos (los despachantes) quienes presionan, movidos por intereses corporativos y de los sectores económicos a los que sirven, para que se agilicen trámites que la normativa vigente y la burocracia aduanera hacen naturalmente lentos", dijo AFA. Agregó que los despachantes son quienes "ofrecen esos `peajes` para maximizar sus beneficios", lo cual muestra que son "piezas claves de un sistema perverso".

Una vieja práctica aduanera

Entre 2005 y 2006, autoridades de Aduanas ordenaron 20 sumarios administrativos en el aeropuerto de Carrasco tras detectar eventuales irregularidades en mercaderías ingresadas en contenedores y en tránsito hacia zonas francas.

Los sumarios obligaron a las autoridades del organismo a realizar cuatro denuncias penales en el Juzgado de la Ciudad de la Costa y en el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía de Montevideo.

Estas denuncias se realizaron entre noviembre de 2006 y mediados de 2007, según informaron a El País fuentes aduaneras.

Una de las denuncias fue archivada por la jueza Mariana Mota y el fiscal Gilberto Rodríguez. Sin embargo, la magistrada entendió que había una línea de investigación sobre presuntas irregularidades en los controles aduaneros en la terminal aérea.

Para seguir el caso, ordenó la creación de un grupo de investigadores conformado por policías del Departamento II (Crimen Organizado) de Inteligencia.

Los agentes incautaron listados de aduaneros con nombres y "deudas" de despachantes.

Distintas tácticas jurídicas ante jueza

Tanto aduaneros como despachantes enfrentan en estas horas una virtual "guerra jurídica" con el objetivo de salir mejor posicionados frente a la jueza Mariana Mota y el fiscal Gilberto Rodríguez.

Los aduaneros pretenden que la jueza Mota se incline por el cohecho simple (coima), lo cual llevaría a reconocer que en el otro extremo del ilícito hay otra persona. Es decir, el despachante. Esta táctica jurídica tiene sus riesgos: se podría probar en el Juzgado el cohecho calificado (otra modalidad de coima) o el fraude que tiene una mayor pena.

Pero, para librarse de estos dos ilícitos, los despachantes sostienen que deben pagar "peajes" a los aduaneros para realizar los trámites de importación de mercaderías. Si logran su objetivo, los aduaneros saldrían procesados por concusión (un funcionario público obliga a otra persona a dar un dinero), mientras que los despachantes quedan en libertad. Algunos juristas creen que no es fácil probar la concusión, ya que se debe establecer el ánimo amenazador del aduanero.

Un capítulo aparte merecen los cadetes de los despachantes, quienes podrían ser acusados de coautoría de cohecho.