El incremento del comercio exterior de la Cuenca del Plata trae consigo un considerable y muy bienvenido desarrollo económico. También trae sus desafíos y responsabilidades.
Una proporción sustancial de ese flujo de mercaderías se transporta por vía marítima y a través de los canales de navegación del Río de la Plata, hasta Punta del Este, y, desde allí, por la ruta próxima al litoral uruguayo en el océano Atlántico. Los buques de carga son cada vez más grandes, con mayor capacidad y, también más seguros. El transporte marítimo es una de las actividades más seguras. Pero siempre pueden producirse derrames o vertimientos desde buques en aquellas aguas.
Esa posibilidad se transformó en una realidad hace algo más de un mes, al producirse la colisión del granelero "Syros" con el "Sea Bird", a unas 20 millas del puerto de Montevideo. El resultado fue un derrame de fueloil desde la primera embarcación. Aunque su impacto ambiental fue limitado (especialmente si se lo compara con episodios más serios, como el del petrolero San Jorge, en 1997), lo sucedido es una advertencia que no debe ignorarse.
Por ese motivo es oportuno lo expresado por el Prefecto Nacional Naval en una entrevista publicada el lunes, en la sección Marítimas de El País. El Prefecto advirtió que "la experiencia que dejó este episodio es que de contar en el futuro con los equipamientos técnicos necesarios y adecuados a los requerimientos de nuestras circunstancias, estaríamos en condiciones de enfrentar con mayor eficiencia y éxito un futuro episodio como el vivido. Y esto consideramos que prestigia al puerto de Montevideo".
La moraleja de la historia es que se requiere disponer de embarcaciones capaces de recoger los productos derramados en las aguas del Río de la Plata -un ambiente muy diferente a las aguas más abrigadas de la Bahía de Montevideo -y realizar ajustes a la legislación vigente para darle una mayor flexibilidad a la Prefectura, en el momento de enfrentar con rapidez y eficacia las consecuencias de un incidente marítimo. No parece demasiado, cuando se considera el costo potencial de un accidente de mayor magnitud frente a nuestras costas.