Huelga policial

RICARDO REILLY SALAVERRI

Los convenios internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) ratificados y que son ley nacional en nuestro país, admiten que las fuerzas armadas y policiales, dentro de lo que contemple la legislación de cada estado, se sindicalicen y ejerzan actividades reivindicativas.

En el plano de la realidad, las consecuencias de -por ejemplo- una huelga de los soldados o de la policía, puede derivar a resultados políticos y sociales tan graves para la vida de un estado nacional y de una democracia que la hipótesis de la huelga, debe encararse responsablemente.

Dejando a un lado a los cacicazgos tribales africanos, a las tiranías asiáticas, a la Cuba de los hermanos Castro, y a otros despotismos similares en los que la arbitrariedad y la violación de la humanidad oprimida es la regla, en la experiencia comparada y donde rige el Estado de Derecho, se advierte que la sindicalización y la huelga en estas actividades, son rechazados.

Excepcionalmente algunos países, caso de Alemania y España, entre otros, admiten el derecho a organizarse sindicalmente a las fuerzas policiales y de seguridad, con severas restricciones.

Que son inflexibles aún en estos países indulgentes, respecto de los bomberos y el personal de cárceles ("Libertad sindical y negociación colectiva", 81a. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, de la O.I.T., 1994).

Respecto de las Fuerzas Armadas nadie les reconoce facultad de sindicalización y paro.

La gente a la que se permite institucionalmente portar y usar armas en una sociedad democrática, sea para la defensa exterior como para el mantenimiento del orden interno, integra organizaciones necesariamente verticales.

Que exige una misión trascendente definida, que las órdenes superiores en principio no pueden discutirse y se cumplen a rajatabla, y severas reglamentaciones orgánicas y disciplinarias.

El caos que conocemos en el Uruguay, en el que el legítimo principio de autoridad del Estado es desconocido, en donde la burocracia pública para cuando y como quiere, mientras la delincuencia campea a gusto, y en el que la ley no rige, son expresión de un país moralmente en caída libre.

El nefasto pasaje del Dr. José Díaz por el gabinete ministerial fue ícono disolvente y tiro de gracia a una Policía con problemas y a una seguridad pública en picada .

Y, desde allí, partió la directiva a la agitación sindical policial, la de la no detención de sospechosos en averiguación y, la de la ocupación libre y "de prepo" de establecimientos de trabajo.

Entre nosotros, en presencia de una burocracia obesa, tan imprescindible es mantener la verticalidad, reestructurar la Policía, y mejorar su presupuesto y exigencia funcional, como preocuparse vivamente por el bienestar social y familiar de sus miembros y darle al cuerpo policial el rol de cometido esencial del Estado que le corresponde.

En una sociedad en la que la ciudadanía que puede pagarlo está enrejada y contrata seguridad privada.

El primer derecho humano de la gente modesta, es saber que puede salir a trabajar y a pasear a cualquier lado, sin que encuentre a la vuelta que le lastimaron a un abuelo o le violaron a una hija o que le han robado el austero confort que le costó un mundo adquirir.

Para eso se necesita menos demagogia populista, políticas de Estado claras y mano firme.