La bancada frenteamplista espera que en pocos días el gobierno envíe al Parlamento el proyecto de ley de prensa, que adecua la normativa del año 1989, atenúa el delito de desacato y elimina el atentado al honor de un presidente extranjero. El diputado del Nuevo Espacio Diego Cánepa quiere que el proyecto llegue "cuanto antes" al Parlamento: "La idea es votarlo rápido y que sea ley en pocos meses". Cánepa entiende que el proyecto cierra una trilogía iniciada por la ley de protección de datos personales y la de acceso a la información pública en el Estado, ambas a consideración del Parlamento.

Entre los cambios se admite la prueba de la verdad como eximente de culpa en juicios de prensa. Hoy no es aceptada. Pero "el trabajo periodístico tiene límites", a juicio de Cánepa, y por eso el proyecto oficial establece que, aunque lo informado sea verdad, eso no será eximente si la información "no es de interés público" y se realiza con la voluntad de ofender.

Con este proyecto, quedan exentas de responsabilidad las afirmaciones que se hagan sobre asuntos de interés público, aunque refieran a la conducta de funcionarios públicos o de personas que por su oficio estén expuestas al interés público. "Los políticos y los funcionarios del Estado debemos entender que nuestro umbral de protección del honor o la privacidad es más bajo que cuando se trata de un ciudadano común. Es una carga de la función y debemos estar bajo el más estricto escrutinio ciudadano. En Uruguay históricamente ha sido al revés: hay protección muy fuerte hacia los políticos que ejercen la función pública", dijo Cánepa a El País.

Y apuntó: "La crítica libre a la autoridad es un síntoma de una sociedad más sana, con libre intercambio de ideas. Eso no implica caer en una crítica permanente y sin sentido".

Según la exposición de motivos difundida semanas atrás, el proyecto aspira a eliminar "diversas rémoras dejadas en el ordenamiento jurídico de nuestro país por regímenes autoritarios y de facto". El gobierno cree que el actual marco legal da demasiada discrecionalidad a los magistrados.