La ley 18.250 que establece la nueva normativa en materia de migración fue aprobada por el Parlamento en enero de 2008 y no sólo busca facilitar el regreso de los uruguayos que viven en el exterior sino también agilizar los trámites para obtener la residencia permanente en Uruguay y regularizar la situación de los extranjeros ilegales.
Además crea la Junta Nacional de Migración como órgano asesor y coordinador de políticas migratorias a nivel del Ejecutivo que estará integrado por delegados de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Trabajo. Establece un Consejo Consultivo Asesor de Migración con el fin de colaborar en temas específicos relativos al establecimiento y seguimiento del cumplimiento de las normas.
Las dificultades que enfrenta la Dirección Nacional de Migraciones hoy son atribuidas, desde este organismo, a que la legislación vigente es de 1947 y no contempla la realidad del mundo actual. Por eso la aplicación de la nueva ley es vista como un avance importante para los funcionarios.
Pero para poder aplicar la ley 18.250 hay que reglamentarla, y recién en estos días los ministros de Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo e Interior estarían firmando el decreto que reglamenta el artículo 76 vinculado al ingreso de vehículos al Uruguay y quedarían 83 artículos pendientes.
La sub directora de la Dirección Nacional de Migraciones, Beatriz Pintos, dijo a El País que los demás aspectos están "casi, casi para salir", y que sólo faltan algunas reuniones entre los ministerios involucrados para ultimar detalles.
Fuentes de esta dirección dijeron a El País que el trabajo de reglamentación que dependía de Migraciones ya fue concluido y que las demoras se deben a trabas en las otras dos carteras involucradas, Trabajo y Cancillería.
"Ahora se había trancado un poco en Relaciones Exteriores y antes hubo demoras en Trabajo. Estamos ahora definiendo algunos temas con el ministerio de Economía en lo que tiene que ver con el ingreso de autos", dijo esta fuente.
Una vez que se termine el trabajo de estas carteras, el decreto de reglamentación de la ley se elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación definitiva.