DGI denunciará maniobra con boletas truchas

La Dirección General Impositiva (DGI) denunciará penalmente a una persona por una maniobra de adulteración de facturas con la que se defraudaron impuestos al organismo en más de $ 10 millones, anunció a El País, el director de Rentas, Nelson Hernández.

La denuncia se presentará la próxima semana por defraudación tributaria, aunque el juez también podría determinar el delito de adulteración de documento, señaló el jerarca.

La maniobra consistía en que esta persona vendía servicios -principalmente de imprenta- a empresas y en las facturas incluía el nombre de una firma X (ya que él no estaba registrado) y el RUC de otra firma distinta. De esa forma, la empresa que compraba el servicio tenía una boleta adulterada por la que descontaba IVA e Impuesto a la Renta que nunca eran vertidos a la DGI.

Hernández dijo que la semana pasada se visitaron más de 30 empresas que le adquirían servicios a esta persona para ver si formaban parte de la maniobra -comprando a precios "inflados" lo que les permitiría descontar más impuestos- o actuaron de buena fe.

"Hasta ahora, no hemos detectado participación de los compradores (de esos servicios)", afirmó Hernández. De todas maneras, la investigación continúa para determinar si finalmente alguna de esas firmas tiene responsabilidad o no.

La persona responsable de la maniobra ni siquiera era el proveedor, sino que contrataba esos servicios a terceros.

La DGI detectó la operación al revisar documentación de compras que parecían "sospechosas" ya que el proveedor original del servicio no tenía esa factura, dijo Hernández.

investigación. La DGI pidió y logró una orden de allanamiento para ingresar en el domicilio del responsable de la maniobra.

Se retiró documentación y la computadora que esa persona utilizaba para "armar" las boletas adulteradas. Además de no pagar impuestos, el denunciado hacía una diferencia entre el precio que le cobrara el proveedor y el que él le facturaba a la empresa compradora de servicios.

Hernández afirmó que esta actuación "tiene mucha relevancia como conducta" por lo que el organismo va a "aplicar el máximo rigor".

La defraudación tributaria tiene una sanción penal (que debe determinar el juez) y una económica que va de una a 15 veces el tributo defraudado.