DANIEL ISGLEAS
El gobierno dio marcha atrás con su propósito de habilitar en la Rendición de Cuentas la asociación de los aeropuertos del interior con privados. Esta es la segunda reculada en este sentido, tras dejar por el camino el proyecto para el Correo.
El martes pasado los reclamos de los funcionarios del Correo surtieron efecto y el oficialismo resignó sus posibilidades de generar una asociación con privados para el fortalecimiento de la empresa postal estatal.
La presión sindical, que comenzó procediendo de los trabajadores del Correo y fue respaldada por la propia central Pit-Cnt, fue tan seria que ni los diputados del Frente Amplio la soportaron.
"La gran derrotada es la presidenta del Correo (Cristina González) pero esto en el fondo es un gran triunfo sindical", declaró el veterano sindicalista postal José Mato, al conocer que las intenciones de la jerarca quedaban por el camino.
El artículo 418 del proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno permitía vincular contractualmente al Correo con entidades privadas nacionales o extranjeras. El artículo también daba potestad al organismo para participar en empresas de capital mixto, público o privado, si se contaba con unanimidad en el directorio y con la autorización del Ejecutivo.
Ahora sucedió casi lo mismo con los aeropuertos. La bancada del Frente Amplio se reunió el miércoles 2 con el ministro de Transporte, Víctor Rossi, para informarle que tres artículos (238, 239 y 240) serán retirados del proyecto de Rendición de Cuentas que está a estudio de los Diputados.
Los artículos autorizaban al Poder Ejecutivo para contratar directamente con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y acordar la constitución de una o más sociedades anónimas en los aeropuertos del interior del país.
Se establecía que las sociedades serían para administrar, explotar, operar, construir y mantener las actividades aeroportuarias por un plazo de hasta 30 años. Los servicios de tierra no estaban comprendidos en esta autorización, como los de seguridad, controles aéreos, de aduana, de migración, de meteorología, de bomberos, sanitarios y de policía de la actividad aeroportuaria, los que continuarían siendo desempeñados por sus actuales responsables.
Además, los artículos referidos establecían que las sociedades anónimas que constituyera la Corporación podrían subastar sus acciones, que serían nominativas, en la Bolsa de Valores.
Del mismo modo, uno de los artículos ahora eliminados de la Rendición de Cuentas permitía el usufructo, en los aeropuertos que el Poder Ejecutivo elija para que se asocien con privados, los servicios de puerto libre establecidos de acuerdo a una ley de 1992.
MÁS ADELANTE. Como en el caso del Correo, cuando el oficialismo explicó que se eliminó la asociación con privados porque se había advertido que el artículo era "muy genérico" y desde el punto vista político no era bueno "dar a cualquier gobierno facultades tan generales" -según palabras del diputado Eduardo Brenta, de la Vertiente Artiguista-, en el caso de los aeropuertos se le dará más adelante un tratamiento por separado.
Ese fue el sentido de la explicación que dio el diputado oficialista Juan Roballo, de la Alianza Progresista, luego de la reunión con el ministro Rossi.
La postergación se hace "para que haya una discusión más de fondo en la comisión y para ajustar más los términos de la redacción de esos artículos", explicó el legislador a El País.
Roballo agregó que estos artículos habilitaban a asociarse con privados a los aeropuertos del interior, dado que Montevideo y Punta del Este ya lo están.
Pero el legislador hizo una diferencia con lo ocurrido con el Correo y tomó distancia de la presión sindical. "Es una discusión estratégica", aclaró. "No es un caso como el del Correo".
Vale recordar que los partidos de oposición han reaccionado contra el oficialismo por incluir en la Rendición de Cuentas algunas disposiciones que, aseguran, "nada tienen que ver" con la materia presupuestal, razón por la cual crelebraron la decisión de eliminar estos y otros artículos.
Como se informó, el oficialismo también quitará de la Rendición de Cuentas el polémico artículo que faculta al Poder Ejecutivo a dar aumentos salariales desde marzo de 2010 a ministros, al secretario de la Presidencia, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ministros de Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, Codicen, Suprema Corte de Justicia y una larga lista de altos cargos nacionales.