Ocupaciones: Langón recomendó derogar decreto

DIEGO FERREIRA

Más que un gesto hacia los empresarios, la decisión de derogar el decreto de las ocupaciones -anunciada por el presidente Tabaré Vázquez desde Panamá hace una semana-, habría buscado evitar su anulación por parte de la Justicia.

Concretamente, el procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Miguel Langón, manifestó su rechazo al decreto, instando a su anulación, en al menos tres de los 15 expedientes en los que las cámaras empresariales o particulares interpusieron una acción de nulidad contra el polémico decreto de las ocupaciones.

En uno de estos recursos -introducido por el Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu)-, Langón "aconseja la anulación total y definitiva del decreto", exponiendo una serie de argumentos: en primer lugar, acusa que el Poder Ejecutivo extralimitó su competencia al "asumir materia constitucional que, en todo caso, es de reserva de la ley".

Además, el procurador sostiene que el gobierno también se excedió al "interpretar la Constitución" por considerar tanto que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, como al estimar que la Carta Magna consagra derechos que "prevalecen y excluyen otros de idéntica naturaleza". Langón dice que el decreto es anulable porque "no se ve cómo ni de qué manera se puede prevenir y solucionar conflictos laborales" con esa medida sindical.

"errático". Para el diputado nacionalista Pablo Abdala, la derogación del decreto oficializada por Vázquez "es una mera excusa". El legislador dijo a El País que "claramente hay una relación de causalidad" en la decisión del presidente respecto al pronunciamiento de Langón. Abdala considera que con esta maniobra el gobierno se evita un "dolor de cabeza" similar al que le significó el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia sobre el IRPF a las pasividades. "El que se quema con leche, ve la vaca y llora", dijo.

A su vez, el diputado convocó, a través de la Comisión de Legislación Laboral, al ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, para que rinda explicaciones sobre el tema. A su vez, el diputado nacionalista elevó un pedido de informe al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a fin de saber cuántos recursos de nulidad se han iniciado, cuándo fueron presentados, en qué etapa se encuentran, y si el procurador ya se ha pronunciado en alguno de esos procesos.

La oposición rechaza la derogación en estos términos. "Es una manera irresponsable de administrar las relaciones laborales y creo que esto termina de definir el carácter errático de la política laboral del gobierno", sentenció Abdala.