Mínimo salarial: $ 8.500 inviable para el gobierno y empresarios

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DIEGO FERREIRA

Las posiciones se distacian el la mesa de negociación salarial.

Más allá del tono empleado, los empresarios fueron claros en rechazar las cifras a las que aspira la central sindical, manejando escenarios poco prósperos. En ese sentido, el gerente de asuntos laborales de la Cámara de Comercio, Juan Maihlos, señaló a radio Sarandí que además de una eventual falta de acuerdos a la hora de sentarse en la mesa de negociación, avanzar en esa línea llevaría al aumento del desempleo y a la informalidad.

El presidente de la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Empresas (Anmype), Pablo Villar, dijo a El País que ese pedido "está un poco lejos de la realidad", y agregó que "la pretensión de un salario mínimo de $ 6.800 ya estaba de por sí, lejos de la propuesta del Poder Ejecutivo".

Desde el sector empresarial ya habían hecho reparos a las propuestas de aumento del mínimo salarial, exponiendo los coletazos eventuales que ello podría tener sobre determinadas ramas industriales, o ciertas empresas del Interior que quedarían comprometidas a salarios inviables. "Sería impactar fuertemente en ese sector de economía de micro-empresas. No sé si eso va a ser posible", dijo Villar.

Posible o no, ese será el listón sobre el que negociará el Pit-Cnt, en la segunda reunión del Consejo Superior Tripartito convocado para esta tarde.

"Desmedido". El primer capítulo de este largo proceso, sirvió para que el gobierno fijara los lineamientos flexibles, en los que intentó conciliar aspiraciones a un lado y otro de la mesa.

Sin embargo, los $ 8.500 pesos que sugiere la central sindical superan en más del doble el piso salarial de $ 4.150 propuesto por el Ejecutivo.

Al menos en este aspecto, pareciera que la posición del gobierno y de las cámaras empresariales están más próximas. Sin descartar montos de plano, y derivando la resolución de los aumentos definitivos a la propia ronda de negociación, el ministro interino de Trabajo, Jorge Bruni, había deslizado que elevar a $ 8.500 el piso por rama de actividad podía ser "impensable" para determinados grupos de actividad muy sumergidos, aquellos que han sido la bandera de los reclamos salariales del Pit (ver cuadro).

Villar dijo que éste es apenas uno de los problemas que pueden complicar la negociación. Además del aumento salarial, agregó la extensión de los acuerdos y hasta la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial -otro de las demandas de los trabajadores-, la que calificó de "pretensión desmedida".

Respuesta. Pero los empresarios no tienen un solo frente para atender en las arduas negociaciones, que recién están comenzando.

Las patronales evalúan también hoy la posición que adoptan a nivel corporativo tras la publicación de la respuesta del presidente Tabaré Vázquez a los planteos que los empresarios formularon en la reunión bilateral mantenida a fines de mayo.

En el documento divulgado el martes, el presidente acercó su posición a ciertos reclamos de los empresarios. Ejemplo de ello fue su disposición a aceptar la eliminación de las ocupaciones (y de hecho todo el capítulo de prevención y solución de conflictos del proyecto de negociación colectiva) como parte del derecho de huelga. Pero el acercamiento no fue total: el pedido de que las negociaciones sean bipartitas, es decir mano a mano entre empleadores y trabajadores, sin el gobierno de por medio, quedó descartado.

Esto despertó en el sector empresarial una sensación al menos ambivalente: si bien rescatan haber recibido una respuesta por escrito de Vázquez, el problema es el contenido.

Con un tono más crítico, Maihlos dijo que el Ejecutivo no recogió la mayoría de los puntos presentados a Vázquez.

El asesor de la Cámara de Comercio afirmó incluso que no les conforma la disposición del mandatario a eliminar las ocupaciones del proyecto de ley de negociación colectiva, el capítulo sobre prevención y solución de conflictos. Agregó que esta opción es sólo una solución a medias ya que aún quedaría en pie, a su entender, el decreto que hoy legitima las ocupaciones.

El asesor de la Cámara de Comercio criticó esta actitud pues no crea el ámbito para avanzar en "fórmulas consensuadas" entre el gobierno y las patronales.

En ese contexto, con posiciones más distantes que no sólo se basan en diferentes expectativas salariales, Ejecutivo, empresarios y sindicatos se sientan a la mesa.

El diputado frenteamplista Jorge Pozzi coincide con la visión sindical de que los convenios privados deben incluir cláusulas gatillo, que ajusten los sueldos si la inflación se dispara.

Las fórmulas planteadas por el gobierno recién colocan un correctivo al año y medio de vigencia de los convenios (en la alternativa a 30 meses) y un correctivo a los dos años (en los acuerdos con una extensión de 24 meses).

Pozzi cree que es "desmedido" el planteo del Pit-Cnt de un salario mínimo de $ 8.500, pero sí observa como "muy razonable" que los salarios tengan un mecanismo de ajuste si la inflación se dispara, como piden los trabajadores. "Es la única forma de mantener el salario real. Todos quieren defender la inflación: el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Por eso, no parece lógico que los únicos indefensos sean los trabajadores", indicó el legislador a El País.

A diferencia del planteo oficial, Pozzi cree que debe aceptarse una cláusula gatillo y acordar un monto a partir del cual se activará si la inflación sube más de lo previsto. Además, sugiere un pacto "anti inflacionario" entre sindicatos, cámaras y gobierno, para trabajar en forma conjunta y combatir la inflación.

Ministro. En tanto, el ministro de Economía, Danilo Astori, fue mucho más cauto a la hora de opinar sobre el reclamo sindical de llevar el salario mínimo a $ 8.500.

El titular de Economía remitió ayer cualquier definición a la reunión de esta jornada del Consejo Superior Tripartito entre representantes del gobierno, los empresarios y el Pit.

"No quiero interferir en las negociaciones que se van a iniciar seguramente a partir del próximo jueves, mañana habrá una nueva reunión. He visto en la prensa versiones de este tipo, pero no quiero opinar sobre esa base, quiero que se desarrollen normalmente las negociaciones donde quién representa al sector público es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", dijo Astori.