Fiscalía siente abandono del gobierno a sus pedidos

EDUARDO DELGADO

La situación y buen funcionamiento de las fiscalías importa poco al gobierno, al menos ésa es la impresión que impera entre integrantes del Ministerio Público ante la respuesta -o ausencia de ella- que el Poder Ejecutivo da a sus demandas.

Entre el 27 de marzo y el 2 de abril, el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, envió al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) propuestas de nombres para ocupar 10 fiscalías vacantes en el Interior del país.

A más de dos meses de la entrega de esas propuestas, el MEC aún no respondió si las acepta o no, por lo que esas fiscalías siguen vacantes, generando distorsiones en los servicios y retrasos en los trámites de los expedientes judiciales que por ellas pasan. Se trata de fiscalías de Bella Unión, Artigas, Salto, Rivera, Río Branco, Paso de los Toros, Dolores, Lavalleja, Rocha y Chuy.

En caso de que el MEC finalmente acepte las propuestas, éstas irán a Presidencia, que las enviará al Parlamento. Allí los legisladores deben definir si votan las venias para que esas personas asuman sus cargos de fiscales departamentales. Si ello se aprueba, los nombres con las venias regresan a Presidencia y de ahí van al Ministerio de Economía y Finanzas, antes que los fiscales asuman. Un largo periplo que todavía no comenzó y que genera frustración y molestia entre fiscales.

Las razones de la lentitud o desidia del gobierno en los temas referidos a las fiscalías pueden tener variadas interpretaciones, pero diversos actores consultados por El País coinciden en que si la relación de Ubiría con el subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini, no era buena, ésta se complicó mucho más luego que el fiscal de Corte se pronunció a favor de la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades.

La posición de Ubiría en ese tema generó críticas de dirigentes frenteamplistas, incluso el ministro de Economía, Danilo Astori, lo acusó de actuar "con intencionalidad política".

Michelini se encarga de los temas referidos a las fiscalías, que jerárquicamente dependen del MEC. Con la partida de Jorge Brovetto, en el Nuevo Espacio se barajó la posibilidad de que Michelini asumiera como ministro, pero Tabaré Vázquez nombró a María Simon, ex presidenta de Antel. El Nuevo Espacio se manifestó a favor de la fórmula presidencial Danilo Astori-José Mujica.

Tras su posición sobre el IRPF, Ubiría no es bien visto por el ministro que en gran medida define las partidas que van a cada oficina pública, y por el jerarca del MEC que se encarga de los temas de Fiscalía.

Rendición de cuentas. A la falta de repuesta a las propuestas para ocupar las fiscalías vacantes, se sumó el proyecto de Rendición de Cuentas que Ubiría elevó al MEC. En el mismo hizo una serie de planteos que consideró prioritarios. De todos ellos uno solo fue incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas del MEC, el que deroga el artículo del presupuesto votado en 2005 que permite pasar en comisión a los fiscales.

Uno de los planteos de Ubiría fue un incremento de rubro por única vez de $ 1 millón para cumplir con la ley 18.237 aprobada en diciembre de 2007 y que dispone el uso del expediente electrónico. La Suprema Corte avanza en ese tema y tiene informatizado diferentes trámites judiciales.

Sin embargo, la Fiscalía tiene carencias en su sistema informático y no cuenta con cargos de ingenieros ni programadores, lo que hace muy difícil implementar la ley. Por eso solicita la creación de un departamento de informática. El cambio al expediente electrónico sumará a las fiscalías la tarea de trasladar expedientes desde los juzgados para lo que se pidieron 12 cargos de procuradores y un vehículo. Ubiría también pidió la creación de cuatro fiscalías (Libertad, Artigas, Colonia y Fray Bentos), la creación de 25 cargos administrativos, y 23 de auxiliar de servicios, lo que es también un reclamo del gremio de funcionarios de fiscalías y por lo que está en preconflicto.

Además, Ubiría pidió que se habilite una reestructura de puestos de trabajo en sus escalafones de administrativos y de servicios.

Para actores del sistema judicial que leyeron el proyecto de Rendición de Cuentas, el artículo 3 demuestra el "ninguneo" al que el gobierno somete al fiscal de Corte luego de su posición sobre el IRPF. Dicho artículo equipara las retribuciones de los ministros y de otros cargos de gobierno (como el secretario de la Presidencia y el director de la OPP) al sueldo nominal de un legislador. Lo mismo hace con los sueldos de los ministros de la Suprema Corte, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. Para el subsecretario, el prosecretario de la Presidencia, el subdirector de la OPP, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y otros cargos, el artículo dispone que la partida salarial sea del 85% de la retribución de un legislador. Pero entre las decenas de cargos incluidos en el artículo, el de fiscal de Corte no aparece mencionado.

A mediados de abril, el fiscal de Corte propuso el traslado de manera ficta del fiscal penal Enrique Moller a una fiscalía de menores, pero el mismo aún no tuvo respuesta del MEC. En tanto, traslados "horizontales" de fiscales de un departamento a otro, que no requieren venia del Parlamento sino sólo la firma del ministro, demoran más de dos meses, cuando antes se decidían en una o dos semanas. Gracias a un artículo incluido en el presupuesto quinquenal de este gobierno, se permitió que los fiscales pasen en comisión reservando su cargo y con las limitantes de la oficina de destino y no de la Fiscalía. Moller está en el despacho del diputado blanco Sergio Botana y eso lo habilita a ejercer la abogacía de forma privada. Intervino en diversos casos, incluso en algunos que su contraparte fue la fiscalía de la que es titular. En tanto, otros fiscales penales deben subrogarlo, con la consiguiente carga de trabajo. Ubiría solicitó el traslado de Moller a una fiscalía de menores porque, según los registros de Fiscalía de Corte, tiene menos trabajo que sus pares penales y civiles.