Las ocupaciones de tierras, ya sean por parte de productores o familias sin viviendas que forman asentamientos, han desatado varias demandas judiciales por parte de los perjudicados, sean estos particulares o el propio Estado.

Y estas acciones tiene como marco dos leyes sancionadas en el último año: la ley de usurpación de bienes inmuebles de mayo de 2007 y la ley de ordenamiento territorial de mayo de este año.

Maldonado, Rocha y San José son, por ahora, los escenarios de estas batallas judiciales.

La última demanda por usurpación la presentó esta semana la Intendencia de Rocha, contra un particular que meses atrás había iniciado una acción de prescripción adquisitiva reclamando en propiedad el balneario Mar del Plata, próximo a La Pedrera. Las autoridades municipales rochenses observaron que en abril habían alambrado terrenos en El Palenque, balneario vecino a La Pedrera, Mar del Plata y San Francisco. Fuentes municipales dijeron a El País que el responsable de alambrar en El Palenque es el mismo particular que tiene el litigio por el balneario Mar del Plata.

Paralelamente, la empresa Solincor S.A., con propiedades en el balneario San Francisco, presentó otra denuncia contra el mismo particular por usurpación de tierras.

A esta situación en Rocha se agregan los casos de Maldonado y San José.

En Maldonado la empresa propietaria del fraccionamiento "La Capuera" de Laguna del Sauce, radicó una denuncia penal contra los 87 ocupantes que ingresaron a sus tierras luego del mes de mayo de 2007, cuando fuera promulgada la ley 18.116 que tipificó la usurpación de bienes inmuebles.

La denuncia fue presentada en la Seccional 11ª de Piriápolis por Luis Benenati, apoderado de la empresa Chia S.A., propietaria de los 1.083 predios en "La Capuera" que fueron ocupados de forma ilegal. En el asentamiento residen más de 2.000 personas, aunque la mayoría se radicó antes de que se aprobara la ley de usurpaciones de bienes inmuebles.

A la hora de denunciar las nuevas ocupaciones, Benenati aclaró que la demanda no incluyó a los anteriores ocupantes con los cuales se lleva adelante un proceso de negociación. Los propios asentados aseguraron, además, que las nuevas ocupaciones complican la salida consensuada que se intenta concretar con los propietarios del predio con la mediación de los diputados por Maldonado.

También en Maldonado, el asentamiento Kennedy de Punta del Este es motivo de otra batalla judicial. Un grupo de familias del Kennedy inició una prescripción adquisitiva de terrenos municipales, en lo que sería la primera acción de este tipo al amparo de la nueva ley de ordenamiento territorial.

La ley fue sancionada, pero aún falta la promulgación del Poder Ejecutivo y el decreto reglamentario. Además, legisladores del Frente Amplio anunciaron que en breve ingresará al Parlamento un proyecto complementario corrigiendo algunos puntos polémicos de la ley.

La acción de prescripción la iniciaron unas 70 familias del asentamiento. Dicen que ocupan el terreno desde hace 30 años, por lo cual se consideran con derecho a reclamarlo en propiedad.

La nueva ley de ordenamiento territorial -cuestionada por la oposición, algunos juristas y operadores inmobiliarios- bajó de 30 a cinco los años requeridos para emprender una acción de prescripción adquisitiva a favor de los ocupantes de un inmueble.

Finalmente, un productor del balneario Kiyú de San José presentó en mayo pasado una denuncia contra un grupo de ocupantes de parte de las 120 hectáreas que explota en esa zona desde hace 40 años

El abogado Carlos Andrés Fajardo, quien patrocina al productor, dijo que su cliente se siente desplazado y que no es el único en esa situación, sino que hay otros tres vecinos de la zona que están esperando el resultado de este primer recurso para reclamar sus derechos ante la Justicia. (E. González en Rocha, M. Gallardo en Maldonado, J. L. Álvarez en San José)

Arreglos a una ley polémica

El gobierno se dispone a enviar este mes al Parlamento un proyecto corrigiendo algunos puntos de la ley de ordenamiento territorial. Esta ley fue votada solo por los legisladores del Frente Amplio. La oposición ha cuestionado la reducción de 30 a cinco de los años requeridos para iniciar una acción de prescripción adquisitiva, y habilitó al Estado a expropiar terrenos abandonados.