GONZALO AGUIRRE RAMÍREZ

La crisis energética golpea y, tras la caída del Sol, todos los días las tinieblas avanzan. Una patota mató a golpes y patadas a un hombre porque se negó a darle cigarros y, parece, porque además era hincha de Nacional. Un horror, pero nadie fue preso, porque un menor dijo haberlo ultimado de una pedrada en la cabeza y el juez actuante no halló mérito para procesar a los mayores por coautoría de homicidio. Nada hicieron, parece.

Varias piezas del expediente de Bengoa se perdieron en medio de su periplo judicial, como antes, años ha, se perdió la denuncia del Senado respecto a los delitos motivantes de la suspensión de los fueros del entonces diputado Nicolini. La inseguridad pública crece y un liceo público debió cerrar transitoriamente sus puertas porque hasta sus profesores eran víctimas de la violencia. Como consecuencia del horroroso crimen de una niña de once años, precedido de una convivencia familiar de espanto, unos reclusos hicieron justicia por mano propia y mataron en prisión a otra persona.

El dólar cae, mientras el precio de los alimentos sigue subiendo. En medio de esa "melange" de graves problemas, el Parlamento malgasta su tiempo discutiendo si la ley debe o no garantizar a las mujeres un tercio de candidaturas en las listas electorales. Es el mismo Parlamento que no ha tenido voluntad para derogar la absurda Ley 16.832, que prohíbe usar la energía nuclear, mientras nos vamos quedando a oscuras. Y que sí tuvo tiempo para legalizar las uniones concubinarias, tanto entre personas de diferente como de igual sexo, con olvido de que "La familia es la base de nuestra sociedad" y de que "El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos ..." (art. 40 de la Carta).

Parece no advertirse, por las promotoras de tan discutible iniciativa, que poco avanzan con lograr, ley mediante, que uno de cada tres candidatos sean de sexo femenino. Que obtengan o no más bancas, por esa vía, dependería de su ubicación en las listas. Si éstas no van encabezadas por mujeres, si las mismas no figuran sino en el segundo o tercer lugar de aquellas, las cámaras no se poblarán de damas.

Para obtener ese resultado, la ley tendría que disponer que determinada proporción de escaños se adjudicaría necesariamente a señoras (no hay más "señoritas"). Pero ello chocaría frontalmente con el principio constitucional de la representación proporcional integral (arts. 77-3°, 88 y 95) y exigiría, de superarse este escollo insalvable, una complicada modificación de la Ley de Elecciones.

Pero, sin llegar a ese extremo, lo que se propone también es inconstitucional. Por dos razones evidentes. La de que "Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes" (art. 8 ). Y el art. 77 de la Carta, "Todo ciudadano... es elector y elegible en los casos y formas que se designarán".

Y "El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre las bases siguientes". Siguen los doce numerales que las consagran, que para nada aluden a una cuotificación obligatoria. Las ciudadanas, claro está, no pueden ser más elegibles que los ciudadanos.

Por otra parte, poniendo a un lado la Constitución, ¿no será que la política, que yo considero actividad insalubre, por lo absorbente, cansadora y desgastante, no es atractiva para la mayoría de las mujeres? Decía Winston Churchill que "la política es 10% de inspiración y 90% de transpiración". Y tenía sobrada razón el genial estadista británico.