Temen freno a inversiones por ley de expropiaciones

M. GALLARDO / S. CABRERA

El proyecto de ordenamiento territorial causó gran revuelo en el ámbito inmobiliario y político de Maldonado, cuyos principales protagonistas advirtieron ayer sobre el impacto negativo de la norma, que se vota en Diputados. Ya hablan de cambios.

La ley será sancionada mañana, pero en la bancada del Frente se analiza modificar en pocas semanas -con otro proyecto- un aspecto polémico: la prohibición de que existan áreas residenciales de más de una hectárea, lo que podría afectar a los emprendimientos turísticos.

En tanto, el senador Mariano Arana -ministro de Vivienda cuando el proyecto de ley fue remitido al Parlamento en 2006- defendió ayer la iniciativa y calificó las críticas sobre limitaciones al derecho de propiedad como "terrorismo conceptual". Según Arana, el proyecto oficial fue considerado recientemente "de avanzada" en la bienal de arquitectura de urbanismo, en Portugal.

Sin embargo, el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Gastón Pereira, fue recibido ayer por la bancada de diputados del departamento: pidió allí que el proyecto no sea votado como está y que se reabra la discusión. Y desde la Cámara de Turismo se afirmó que el proyecto es un "atentado".

Se trata de una ley de 84 ar-tículos, cuyos aspectos polémicos pasan por el hecho de que se reduce de treinta a cinco años el plazo para hacerse de un inmueble ocupado mediante el instituto de la prescripción adquisitiva (si la familia está por debajo del nivel de pobreza y el propietario no reclama el terreno): y también la expropiación de los predios sin usar durante al menos diez años.

El edil Pereira (Frente Amplio) y varios diputados de la zona costera están preocupados porque otro artículo del proyecto modifica una ley de 2001 e impide que los proyectos residenciales tengan más de 10.000 metros cuadrados si no cuentan con calles públicas que los corten.

El planteo de Pereira fue bien recibido por tres de cinco diputados fernandinos. En la bancada de diputados del Frente ya están al tanto de la observación y, para no retrasar la iniciativa, se maneja como posibilidad cierta votar mañana la ley como está y rápidamente emitir otro proyecto de ley donde se modifique la prohibición de que los emprendimientos tengan más de una hectárea, dijeron a El País fuentes oficiales. Se intenta evitar que el tema vuelva al Senado.

DISCUSIÓN. Pereira dijo a El País que es necesario un debate con las gremiales de agrimensores y escribanos públicos, además de operadores inmobiliarios. El edil advirtió que algunas normas del proyecto pueden generar un impacto negativo en las zonas turísticas y, entre otras cosas, provocar una corrida de personas hacia los predios abandonados.

El edil recordó, además, que en adelante no se podrán realizar urbanizaciones de propiedad horizontal que superen la hectárea, porque deberán estar rodeadas por calles públicas: "Esto imposibilita el desarrollo de countries, clubes de golf (que necesitan unas 40 hectáreas) o loteos, que pretendan realizarse al amparo de este régimen, generando una peligrosa inseguridad jurídica en los departamentos de la costa sur".

Para Pereira, el turismo de alto poder adquisitivo "no tendrá posibilidad de desarrollo" con la actual redacción del proyecto frenteamplista.

Darío Pérez, líder del sector al que pertenece Pereira, pretendía comunicarse anoche con el diputado que presentará el proyecto, Jorge Patrone, pero se maneja casi como un hecho que este aspecto criticado será modificado en pocas semanas, a través de otro proyecto de ley.

En tanto, el titular de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari, aseguró que el proyecto constituye un "atentado" contra la tradición de ahorro del país y afecta "a todo el mundo, desde el pequeño ahorrista que compra un terrenito pensando en sus hijos hasta los grandes inversores que se jugaron por nuestro país".

Y siguió: "Es de locos. La historia del balneario está hecha de casos de gente que compra tierras y se las deja a sus descendientes. Ahora de golpe y porrazo, a estos iluminados se les ocurre que un predio pueden ser objeto de expropiación por cuestión social".

Un inversor argentino se contactó ayer desde Buenos Aires para expresar su preocupación y sorpresa por el proyecto de ordenamiento territorial. "Mi apoderado me llamó para que leyera la nota de El País. Después de mirarla me quedé de una pieza. ¿Quieren seguir el camino de los Kirch-ner? Tengo un lote de importantes dimensiones (en Maldonado) que pienso dejárselo a mis hijos. Pagué, pago y pagaré una fortuna en impuestos. ¿Ahora me lo pueden expropiar? ¿Quién y cuándo se determina que mi terreno puede ser expropiado? ¿Qué precio me van a pagar?", preguntó el empresario, irritado.

En el otro extremo, Fucvam emitió un comunicado donde apoya el proyecto: "¿Qué causa tanto escozor en tiendas neoliberales? (...) No hay derecho a hace cualquier cosa con un bien, así sea dejarlo baldío 25 años porque están esperando que suba el precio, mientras hay gente que no tiene dónde vivir".

Es "de ética sustantiva" facilitar la expropiación a derecho de terrenos que no se usan, para beneficiar así a gente "sin cobijo", dijo el senador Mariano Arana. "No sé qué tanta alarma. Por suerte el mundo ha cambiado", indicó. Para Arana, no tiene sentido que haya "propiedades clausuradas y tapiadas durante diez años, sin que eso beneficie al propietario ni al resto de la sociedad", atendiendo a "razones especulativas". "No hablamos de usurpación, sino de expropiaciones legales en beneficio de la comunidad", aclaró.