Ramirez criticó proyecto de ley

La sanción definitiva del proyecto de ley de ordenamiento territorial reabrió la polémica por la reducción del plazo que necesita un ocupante para reclamar la propiedad de un bien, y la expropiación de los inmuebles sin usar durante diez años.

Para el abogado Juan Andrés Ramírez, que el año pasado hizo observaciones en la comisión del Senado que discutió el tema, la modificación de la prescripción adquisitiva es "un mamarracho" y una "barbaridad jurídica", en un instituto con 2.000 años de antigüedad. "No es cuestión de meterle pluma así", dijo Ramírez a El País.

Se trata de uno de los 84 artículos que contiene el proyecto de ordenamiento territorial, cuya sanción se prevé para este miércoles en Diputados. La reducción de treinta a cinco años se establece para casos extraordinarios, argumentó la senadora Lucía Topolansky cuando presentó el proyecto en el Senado. En los hechos, el texto se refiere a personas cuyo núcleo familiar no supere el nivel de pobreza, que no sean propietarios de inmueble y que durante cinco años posean un predio "con aptitud de ser urbanizado".

Podrán solicitar a la Justicia la adquisición por prescripción si la posesión es ininterrumpida y no resistida por el propietario. No podrán adquirirse predios o edificios de una superficie que excedan el fin habitacional básico.

Ramírez advirtió: "No se sabe cómo se mide el nivel de ingreso. ¿Debe ser los cinco años de continuo bajo el nivel de pobreza? ¿Quién se hace propietario? El núcleo familiar no es un sujeto de derecho. ¿Es el dueño el padre, la madre, el tío, el padrastro?" Y siguió: Hay un propietario despojado, el Estado o un particular, que no sabe si sería en treinta años, en diez -con justo título y buena fe- o en cinco. ¿Cómo hace para saber el nivel de ingreso de los que la están poseyendo?"

El senador blanco Carlos Moreira afirmó en el Senado, que las prescripciones de veinte o treinta años "son excesivamente largas para estos tiempos" pero dijo que es incorrecto modificarlo mencionado el nivel de pobreza, sin precisar cómo se mide. "Hay una indefinición total. Evidentemente esta norma está prevista para los asentamientos, pero no está claro quién puede pedir la prescripción", expresó. Moreira cree que se "respira una desconfianza hacia la figura del propietario". Los blancos hablan de una seria limitación al derecho de propiedad.

El senador colorado Carlos Ramela preguntó el año pasado: "¿Alguien cree que una prescripción adquisitiva de cinco años es un instrumento saludable, con esta indefinición aquí pactada? La prescripción tiene una filosofía que se basa en el paso del tiempo, que supone dos presunciones: la del propietario que se desinteresó y la del ocupante que tiene derechos. Esto no se puede dar en cinco años en un país donde ganar un juicio toma 25 años".

Desde el sector inmobiliario, el consultor Julio Villamide entiende que puede provocarse "un efecto indeseado" si la modificación de la prescripción adquisitiva "no está acompañada por otras medidas que tiendan a mitigar el fenómeno de los asentamientos". Planteado en forma aislada puede jugar a favor del aumento de este fenómeno en un tema con crecimiento explosivo, afirmó.

El Frente Amplio defiende el proyecto de ley, que apunta a la planificación territorial, crea carteras de tierras para el Estado, regula los tipos de suelo y plantea condiciones para las expropiaciones. El gobierno habla de gestión planificada del territorio frente a un modelo de gestión "a la demanda".

CRÍTICA. Para Ramírez, otra "barbaridad" es la posibilidad de que el Estado expropie inmuebles "que no hayan sido explotados por más de diez años" y tengan potencialidades productivas o de utilidad social.

"En ningún país del mundo se pierden los bienes si no hay una posesión concomitante de otro. El derecho de propiedad es el único que no se extingue por no uso. ¿A propiedad de quién pasa un bien abandonado?", preguntó.

El proyecto también obliga a los propietarios de inmuebles a mantener "en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público" su propiedad.

50.000 es la cantidad aproximada de viviendas vacías en Montevideo. La cantidad de solares abandonados es muy superior.

En la cámara de Diputados se verá este miércoles un escenario similar al que se dio en el Senado el año pasado: el Frente defenderá el proyecto de ordenamiento, mientras que la oposición votará sólo algunos artículos y expresará serios reparos sobre otros, que -afirman- limitan el derecho de propiedad. En el Partido Colorado el escenario parece incierto: el diputado colorado Carlos Signorelli votó el proyecto en comisión, pero su par Washington Abdala adelantó que tiene reparos por aspectos que afectan los derechos de propiedad y territorial.

En el Frente no hay dudas. La senadora Lucía Topolansky cree que el territorio nacional no debe quedar "huérfano de reglas" y que el proyecto es un "consistente" punto de partida. "Este gobierno está convencido de la necesidad de esta norma. Estamos hablando de un tema que figura en el propio programa de gobierno".

Lejos de ser "una utopía incumplible", el proyecto es -a juicio de Topolansky- "un camino posible y una política trascendente". Cuando presentó el proyecto en el Senado, afirmó: "¿Que no será sencilla su implementación? ¿Que deberemos capacitar a mujeres y hombres? ¿Que habrá que ser creativos, aprender de errores y soluciones de otros países? Claro que sí, pero no hay nada mejor que los desafíos". Según Topolansky, la ley no lesiona autonomías departamentales, sino que -por el contrario- dota a los municipios de herramientas "para generar ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, con un plus de participación social".

El País