Diferentes abogados coincidieron en que la derogación del IRPF y la creación de un nuevo impuesto es la única salida legal del gobierno para superar la actual situación, que le impide cobrar ese tributo a unos 1.500 pasivos que lograron sentencias favorables en la Suprema Corte.
Martín Risso, Alberto Varela y Leonardo Costa sostuvieron a El País que la igualdad en materia contributiva se lograría con ese nuevo impuesto que sustituya el IRPF a todos los pasivos por un nuevo tributo similar En tanto, César Pérez Novaro, consideró que sería suficiente con modificar la ley que impuso el IRPF.
"Me da la impresión que el objetivo principal tiene que ser restablecer la igualdad y la única forma es, en un primer momento derogar todo el IRPF a las pasividades, sin perjuicio que después o al mismo tiempo se legisle de alguna forma", dijo Risso. "Gravando sólo a los que ganaron no se soluciona el tema. El camino es la derogación y después que el gobierno legisle como lo entienda pertinente y sin afectar la sentencia de la Corte", sostuvo.
En tanto, para Varela, "la única forma es derogando el IRPF a los jubilados y creando inmediatamente un impuesto a los ingresos -no a las rentas-, de los jubilados y otras prestaciones de seguridad social. De esta forma quedarían gravados todos con este impuesto a los ingresos y es una forma de respetar el fallo anterior de la Corte integrada por Sara Bossio".
A su juicio, el nuevo impuesto "debería tener tasas más bajas que el IRPF a los activos y un mínimo imponible más alto". El abogado recordó que "una de las objeciones que le hizo la Suprema Corte anterior era que trataba igual a los desiguales", añadió.
Varela descartó "por completo, por claramente inconstitucional, la creación de un impuesto destinado a gravar a las 1.500 personas que se vieron beneficiadas por los fallos anteriores".
Para Costa, en tanto, "la única alternativa constitucionalmente viable es derogar el actual IRPF en la parte de las jubilaciones y crear un nuevo impuesto, aunque tenga las mismas características del declarado constitucional en la última instancia, que grave por igual a todo los pasivos que estén en las mismas condiciones".
A su juicio esta "es la forma más razonable de contemplar esta situación de que hay algunos que pagan y otros que no pagan", agregó.
"Gravar con un impuesto específico a los que quedaron fuera afecta el principio de igualdad y sería claramente inconstitucional", advirtió.
Pérez Novaro consideró, en cambio, "que se debe hacer una modificación a la ley para todos los jubilados, con independencia de que hayan presentado una acción de inconstitucionalidad" y que apunte "a recoger principios de capacidad contributiva y abarque todos las prestaciones sociales". Consideró que "poner un impuesto para las 1.500 personas a las que no se les cobrará IRPF, sería una ley "que tendría 1.500 apellidos y la ley uno de sus atributos es precisamente ser general y abstracta", recordó.