El Gobierno boliviano aseguró hoy que ya ha tomado el control de las tres petroleras extranjeras presentes en el país, incluida la filial de la hispano-argentina Repsol YPF, al hacerse con la mayoría de las acciones, en un nuevo paso de la nacionalización de los hidrocarburos que adoptó el presidente, Evo Morales, hace dos años.

Así lo aseguró la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en un nota publicada en los principales diarios del país, recogida por Europa Press, en la que confirma que el Estado boliviano ya controla las acciones de las tres empresas petroleras que habían sido privatizadas en los años noventa.

Se trata de la petrolera Andina, la filial boliviana de Repsol YPF, la empresa petrolera Chaco, que hasta ahora estaba en manos de la estadounidense Pan American Energy y del grupo British Petroleum, y de la operadora de gasoductos Transredes, que pertenece a la sociedad de capitales británica Ashmore.

´Este 1 de mayo, día de los asalariados de Bolivia y el mundo, el Gobierno ha determinado dentro de su política económica gradual (...) adquirir los bonos de Transredes, Chaco y Andina, con el que selló la mayoría accionarial que alcanza al 50 por ciento más uno de las acciones´, precisó.

El presidente de YPFB, Santos Ramírez, adelantó que los trabajos de operación en los campos hidrocarburíferos arrancarán este 1 de mayo, después de anunciar que la recuperación del 50 por ciento más uno de las acciones que, según dijo, ´permitirá un control eficiente tanto en la parte operativa como administrativa´.

Precisamente hoy se cumplen dos años de la nacionalización de los hidrocarburos decretada por Morales en el primer año de su mandato, durante un acto que se realizó en un campo petrolero de la población de Villamontes. Para celebrarlo ha convocado una manifestación en las próximas horas en La Paz.

Mientras, las instalaciones de Chaco y Transredes que están en Santa Cruz de la Sierra amanecieron bajo control de la policía por orden del Gobierno para, según fuentes petroleras citadas por las prensa local, evitar que se extraigan documentos u otro tipo de bienes de las empresas.

El Gobierno había aprobado el 26 de marzo un decreto en el que se establecía el 30 de abril como plazo máximo para cerrar las negociaciones y asumir el control de las citadas compañías, así como de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana, un consorcio de capitales peruanos y alemanes.

AP