Vanni fue desocupada tras decisión judicial

La desocupación de la imprenta Vanni se realizó en las últimas horas, luego que el Ministerio del Interior diera ayer la comunicación oficial para el desalojo de la planta en un plazo de 24 horas.

El juez Eguren decidió no aceptar el recurso de amparo de los ex trabajadores de la imprenta, según se informó a EL PAÍS digital, por lo que debieron desocupar la misma. Primero se fueron los que estaban dentro de local. Luego los trabajadores liderados por Juan Venturini entraron al local retiraron sus cosas.

Mientras esperaban que los de dentro de la planta desocuparan, los integrantes del gremio se manifestaron fuera del mismo.

Representantes del Banco de la República (Brou) y la abogada del empresario Juan Vanni, esperaban en el lugar, ya que si se desaloja la planta comienza la pugna por las llaves de la misma.

En principio la empresa quedó en manos de Vanni, mientras se dirime en el ámbito judicial si es el Brou que se hace cargo de la imprenta o el antiguo dueño.

El sindicalista radical y ex integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Juan Venturini, recibió con calma ayer la notificación del Ministerio de Trabajo entregada. Hace minutos dijo a EL PAÍS digital que no se van a oponer a la desocupación de la ex imprenta, desmintiendo los rumores sobre un posible desalojo a la fuerza.

Ayer, cuando fue notificado de la orden de desalojo, expresó que "por un lado es un reconocimiento de que esto es una ocupación legal. La Policía nos dijo que los otros cuatro `son intrusos, como si fueran bandoleros` y que no les correspondía notificarles nada", dijo Venturini, el único de los 40 ocupantes de Vanni que no trabajó en la empresa.

Hasta entonces, la única medida adoptada por el Sindicato de Artes Gráficas (SAG) había sido el paro por 24 horas, resuelto ayer tras una reunión con representantes de la cartera de Trabajo.

"Los otros", a los que Venturini calificó de "ocupantes ilegales", son las cuatro trabajadores -ex integrantes de la Cooperativa de Producción Gráfica (Copograf), la cual nuclea al personal de la imprenta- que desde la madrugada del lunes irrumpieron en la planta para poner fin a la ocupación iniciada hace dos años y medio.

El objetivo de este movimiento, que no recibió ninguna notificación de desalojo, es que la planta vuelva abrir con "absolutamente todo" el personal (sean afiliados del Copograf o del SAG), explicó a El País Gerardo Sosa, uno de los "contra-ocupantes".

Venturini se quejó que a estas cuatro personas no las toca nadie. "La conclusión lógica es que es mejor ser bandolero que un ciudadano respetuoso de las leyes. Es una locura", cuestionó.

Venturini dijo a El País que aunque está "absolutamente en contra" de la decisión judicial de desocupar "por tratarse de una ocupación pacífica y legal", igual piensa acatar la medida.

Para que ello se concrete, aún resta que la asamblea de los trabajadores acepte el desalojo. A su vez, éstos reclaman distintos bienes (electrodomésticos y documentos personales y de la empresa) que se encuentran retenidos en la fábrica. Aunque Sosa se mostró dispuesto a entregar esos bienes -con excepción de los documentos de la empresa-, insistió en que la imprenta debe quedar en manos del propietario "pero no por un acuerdo con el empresario sino porque es el dueño y es el único que puede lograr la reapertura".

Sosa negó las versiones sobre una supuesta connivencia con Juan José Vanni e incluso dijo desconocer que las pizzas y los cigarrillos que les fueron enviados ayer había sido pagados por el empresario. Sosa dijo que de haber sabido el origen del envío "no lo hubiera aceptado".

Archivo

La Justicia penal archivó el expediente por la irrupción del lunes en Vanni, en base a las pericias policiales que determinaron que no se utilizaron armas de fuego, como dijo Venturini. El sindicalista criticó, por su lado, que los policías hayan estado apenas 15 minutos para realizar los peritajes, así como que éstos estuvieran basados exclusivamente en registros fotográficos.

EL PAÍS digital y EL PAÍS