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Loreley Nicrosi

La bancada de senadores del frente amplio y los coordinadores oficialistas de diputados, acordaron ayer votar hoy la venia del magistrado Jorge Larrieux para integrar la suprema corte de justicia, tal como lo reclama el partido nacional.

El senador Alberto Couriel fue designado para dar hoy, a la hora 14, la posición del oficialismo cuando se reúna la Asamblea General.

Aunque aún resta la definición que adoptará esta mañana la bancada del partido de gobierno de la Cámara de Representantes, hasta anoche existía acuerdo en el oficialismo para votar al magistrado propuesto por los nacionalistas, por entender que el gobierno "debe privilegiar el fortalecimiento institucional de la Corte", según dijeron a El País fuentes de la coalición de izquierda.

La propuesta de apoyar a Larrieux, fue acordada en primera instancia en la reunión que mantuvo el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa con los coordinadoras de Diputados de los distintos sectores de la coalición de izquierda. En ese encuentro se vio que aunque a Larrieux le correspondería por antigüedad cubrir la vacante en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, era necesario integrar lo más rápidamente posible la Suprema Corte de Justicia, para que efectivamente se concrete la sucesión de fallos que el gobierno aguarda respecto al IRPF a las jubilaciones, para definir qué pasos dará en el futuro. En la Corte hay un cargo vacante desde el 7 de abril, cuando se retiró la ministra Sara Bossio al cumplir 70 años de edad.

El tema también fue abordado ayer por la bancada de senadores del Frente Amplio, donde pese a que hubo algunas discusiones sobre el procedimiento a seguir, finalmente se dispuso votar directamente a Larrieux. Algunos senadores eran partidarios de votar primeramente a la magistrada Mariela Sasson y al no alcanzarse los sufragios, plantear la reconsideración y entonces sí apoyar luego al candidato propuesto por los nacionalistas.

Si bien en el oficialismo todas las fichas estaban puestas en la magistrada Sasson para que pasara a ser la quinta integrante de la Corte, el hecho de que los integrantes del Partido Nacional hayan advertido que no darían sus votos para la jueza, hizo rebobinar a los parlamentarios del Frente Amplio.

En las reuniones de ayer se entendió que lo primordial para el oficialismo era "generar certezas jurídicas en la población" y que los integrantes de la coalición de izquierda debían "privilegiar lo institucional".

En el análisis, se consideró que si no se integraba la Corte, los expedientes sobre los recursos contra el IRPF serían sorteados entre los ministros de los tribunales de apelaciones, y que eso podría generar distintos tipos de fallos, lo cual impediría alcanzar la "sucesión" de sentencias que quiere el gobierno. En el Poder Ejecutivo se cree que a partir de una composición permanente de la Corte, se podrá definir en un solo paquete -si predomina la posición de que el impuesto es inconstitucional-, la devolución del dinero a los que ganaron los recursos y la definición de un nuevo gravamen a los pasivos.

El tema del IRPF a las jubilaciones y el futuro del tributo, fue visto ayer por el ministro de Economía, Danilo Astori como uno de los "imponderables" que puede tener el gobierno en el año. El comentario lo realizó ayer en la sesión del consejo de Ministros en Suárez, al considerar que el tema de los fallos de inconstitucionalidad puede ser un problema "adicional" en el escenario futuro del gobierno. En el mismo plano, Astori señaló a las "cajas paraestatales". La opinión la formuló en el marco de la presentación de los lineamientos del proyecto de Rendición de Cuentas.

Por acuerdo político, los sectores del Frente Amplio resolvieron el sábado durante la sesión de Congreso, no debatir las distintas mociones aprobadas por la comisión sobre "país productivo" en diciembre de 2007 contra la reforma tributaria. Las mociones cuestionaban los contenidos de la reforma, al tiempo que proponían elevar al doble (unos $ 16 mil) el mínimo no imponible para la aplicación del IRPF. También se sacó de la discusión otra propuesta que cuestionaba la forma en que el Ministerio de Economía negoció la deuda externa. Poco antes de que los integrantes de la comisión sobre "país productivo" diera su informe en el Congreso que se desarrolló en el Palacio Peñarol, los grupos políticos acordar pasar todos los temas conflictivos a la Comisión de Programa del Frente Amplio.

La decisión apuntó a evitar que el Congreso del Frente Amplio realizará un debate público sobre los contenidos de la reforma y en especial de todo lo concerniente a la política económica, tal como estaba previsto. Varias de las mociones habían sido aprobadas en la comisión sobre "país productivo" por el 10% de los participantes, lo que implicaba su pasaje directo al congreso. Las en su mayoría las mociones fueron promovidas por delegados de base acompañados por el Partido Comunista y en algunos casos contaban con la anuencia de integrantes del Movimiento de Participación Popular. Según fuentes del conglomerado, todos los temas que quedaron pendientes en la extensa reunión del sábado 19, serán incorporadas a la comisión encargada de elaborar el programa de gobierno del Frente Amplio de cara a las elecciones de 2009. El hecho de que el Partido Comunista tuviera una correlación de fuerzas importante en el congreso, generó inquietud en el resto de los sectores, quienes quisieron evitar que el órgano desautorizara al gobierno de Tabaré Vázquez, tal como lo hizo en diciembre al cerrarle la puerta al TLC con Estados Unidos, o apoyar la derogación de la ley de Caducidad como lo aprobó el Plenario del pasado 5 de abril.