Internos del INAU duermen en base a consumo de pastillas

El consumo de psicofármacos, fundamentalmente para dormir, es una práctica extendida entre los menores infractores internados en el INAU debido a las horas de encierro y a la inactividad durante su privación de libertad.

Así lo revela el estudio "Privados de libertad. La voz de los adolescentes", que presentará hoy el Movimiento Nacional Gustavo Volpe y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Este documento recoge la voz de 143 adolescentes de un total de 173 que estaban privados de libertad al momento de la confección de la investigación, realizada en el marco del proyecto Observatorio del Sistema Judicial a fines de 2007.

"La privación de libertad como medida socioeducativa supone una evidente restricción de derechos, pero normativamente debería estar acompañada por un componente socioeducativo. Sin embargo, la forma en que se estructura potencia sus consecuencias negativas, las cuales recaen íntegramente en los adolescentes y dejan marcas en sus saberes, sus vínculos y sus propios cuerpos", advierte el informe.

El 73% de los internados no desarrolla ninguna actividad educativa. "Me levanto y me acuesto de nuevo, desayuno y duermo, ceno y duermo, estoy tomando pastillas para dormir", relata uno de los internos. "Juego a la pelota, hago deportes, gimnasia y ta, y duermo. Duermo mucho, por las pastillas que tomo. Estoy mucho tiempo en el cuarto porque me siento aburrido", relata otro. "Te trancan y pasás todos los días durmiendo", agrega un tercero.

El 63% de los adolescentes entrevistados expresó estar tomando algún tipo de fármacos. En dos establecimientos se encontró que el 100% dice consumir medicamentos, y en otros dos el porcentaje supera el 88%. De los que dicen que reciben medicamentos, el 96% toma psicofármacos y el 72% dice que lo hace exclusivamente para poder dormir.

Según las expresiones de los adolescentes sobre su encierro, parecería que dormir funciona para ellos como una forma de evasión -"Miro tele, escucho radio, me acuesto a dormir. Duermo todo el día. Duermo 20 de 24 horas"-, y para la institución como forma de gestionar los conflictos: "Me levanto y me lavo la cara y los dientes, me duermo de nuevo y espero que nos dejen salir al patio. Quedo ladrando `patio, patio`. Cuarenta y cinco minutos en el patio y cuando está el profesor es una hora y media. Te abren la puerta cuando te van a dar las pastillas".

Contexto social. El mayor porcentaje de adolescentes privados de libertad se concentran en los 17 años (33%), mientras que, en el otro extremo, están los que tienen la edad mínima de ingreso al sistema penal: el 5% tiene 13 años.

El 73% de los adolescentes privados de libertad residen en Montevideo y el 27% en el interior: Maldonado (8%), Canelones (5%) y Tacuarembó (4%). "Sin embargo, el menor porcentaje en el interior del país no se debe desestimar, dado que las consecuencias negativas de la privación de libertad en términos de desarraigo y desvinculación del mundo exterior son más pronunciadas", dice el informe.

Con respecto a los lugares de residencia, la mayoría de los privados de libertad proviene de barrios de Montevideo que se caracterizan como de estratos bajos y muy bajos: La Paloma-Tomkinson (8,7%), Casabó-Pajas Blancas (6,7%), Cerro, Casavalle y La Teja (5,8%), todos ellos con una alta incidencia de la pobreza entre niños y adolescentes.

La composición familiar de los adolescentes privados de libertad también fue analizada en el informe. El 49% proviene de hogares monoparentales, en general con jefatura materna, mientras que el 32% convive con ambos padres y un 11% con otros familiares, en general hermanos o abuelos. Un 3% vive con otras personas que no son parte de su núcleo familiar, 2% dice tener familias extendidas, que incluyen a otro familiar además del núcleo básico, y un 4% no tiene núcleo familiar.

"Se ha constatado que la ausencia de los padres o responsables de los adolescentes en el proceso penal juvenil implica una mayor vulnerabilidad de estos, lo que se verifica en la existencia de un aumento de la utilización de las medidas privativas de libertad cuando los padres o responsables no comparecen en la primera audiencia judicial", dice el informe.

En cuanto al nivel educativo, el 37,6% tiene estudios primarios incompletos, el 30,1% completo y otro 30,1% Ciclo Básico Secundario incompleto, en tanto la mayoría (53%) dijo haber trabajado alguna vez, aunque en actividades informales o no remuneradas.

"Es en definitiva la conjunción y articulación de estas configuraciones sociales e individuales lo que torna a estos adolescentes vulnerables frente a los sistemas de control social punitivo. (…) los que generalmente sufren las formas más rígidas de control son quienes provienen de hogares pobres o marginales", concluye el informe del Movimiento Volpe y la Unicef.

Hace dos semanas, la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo para los adolescentes de la Colonia Berro, presentado por el fiscal Enrique Viana. Por orden judicial, el INAU tiene un plazo de 60 días para instrumentar cambios en sus sistemas de trabajo. Entre otras medidas, deberá suprimir el encierro en celdas de 23 horas diarias y disminuir el uso de psicofármacos como mecanismo de coerción.