El diputado blanco Pablo Abdala convocó hoy a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, al subsecretario de Trabajo, Jorge Bruni y al directorio del Banco de Previsión Social (BPS) para que se explicaran las exoneraciones tributarias vigentes para las instituciones educativas y culturales.
Abdala dijo a EL PAÍS digital que la convocatoria se realizó por la interpretación que el Ejecutivo realiza sobre el artículo 69 de la Constitución. "El 14 de marzo, el gobierno aprobó un decreto que reglamenta esa disposición de exoneración, que a mi juicio es un decreto polémica y restrictivo porque es una interpretación muy avara del artículo 69", afirmó.
El legislador nacionalista entiende que se establece una libertad al Poder Ejecutivo de determinar qué instituciones pueden contar con ese beneficio y cuáles no. "El gobierno queda con la libertad de elegir y francamente creo que esto genera una discrecionalidad muy peligrosa", agregó.
El decreto establece que las instituciones educativas y culturales (beneficiarias de la exoneración) son aquellas que se dedican a transmitir conocimiento o la práctica del deporte, es decir que organizan actividades de interés social.
"Pero hay ONG, proyectos de educación no formal e instituciones religiosas que corren el riesgo de quedar por fuera del beneficio, quedan debajo de la espada de Damocles luego del decreto del pasado 14 de marzo", agregó Abdala.
A su juicio, estas instituciones cumplen labores sociales muy importantes, muchas veces sustituyendo o complementando al Estado en diversas actividades que tienen patologías sociales.
Para el diputado igualmente le parece que se genera un reduccionismo muy preocupante. "Distintas organizaciones sociales están muy preocupadas por esto y me lo han hecho saber. Yo creo que a partir de ahora el gobierno se va a manejar con una serie de instrumentos que genera una situación muy discriminatoria", enfatizó.
ENFRENTAMIENTO. Abdala afirmó no haber quedado conforme con las explicaciones brindadas por el Poder Ejecutivo, el cual argumentó que en realidad nunca existió una política sistemática en el otorgamiento de las exoneraciones.
"El ejecutivo dijo que siempre se había otorgado de manera desprolija y desordenada. Yo les expliqué que eso no es así y presenté antecedentes legales que hay en esta materia, como leyes de la década de 1960 que interpretan el alcance del artículo 69 y más reciente algunas leyes de 1991, que establece un beneficio amplio y generoso", dijo.
Abdala sí calificó de "provechosa" la instancia para conocer los criterios del gobierno. Aunque aclaró que las "dudas y preocupaciones que tenemos se mantienen".
"El Ejecutivo no puede resolver esto mediante decreto. Puede tener un criterio pero se lo tendría que haber sugerido al Parlamento en un proyecto de ley y debatirlo en ese ámbito", entendió Abdala.
Lo que el legislador advirtió en el encuentro es que el gobierno "tiene un criterio más bien de oposición a las exoneraciones. Son partidarios de que los aportes patronales los dejen de pagar determinadas instituciones. Ellos vinculan esto con el carácter estrictamente educativo y de las organizaciones que tienen convenio con el Estado", afirmó.
"yo sostuve que esta discriminación no surge de ningún lado, en las leyes vigentes y lo que surge del artículo 69 es una solución amplia y generosa. Quedó planteada una discrepancia que veremos cómo la solucionamos", finalizó.
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