Canelones: denuncia penal contra la comuna y críticas en la interna

EDUARDO BARRENECHE

Dos flancos se le abren al intendente canario Marcos Carámbula. Deberá explicar en la Mesa del Frente Amplio irregularidades denunciadas en Obras y la oposición hará una denuncia penal por gastos sin rendir cuentas.

El próximo lunes Carámbula concurrirá al máximo órgano ejecutivo canario de la coalición para brindar las razones del cese del director y subdirector de Obras Juan Tons (Vertiente Artiguista) y Santiago Cazauz (Lista 738) ocurrido el 11 de febrero de este año.

Tons dijo a El País que había detectado una serie de "irregularidades" administrativas vinculadas a la utilización "indebida" de los corralones y "mal manejo" de insumos. También se constataron atrasos en las rendiciones de gastos y compras desmedidas de neumáticos cuando la comuna padece una crisis económica.

Poco después de las remociones, Carámbula concurrió a la Mesa Departamental e informó que los cambios se debían a la necesidad de que Obras tuviera un perfil más técnico para encarar las proyectos que se realizarán en distintas partes del departamento. Sin embargo, tras conocerse las declaraciones de Tons en El País, el Comité de Base "Félix Vidarte" de Las Piedras entregó una nota a la Mesa del Frente Amplio donde reclamaba que Carámbula explicara los criterios que lo llevaron a nombrar a Tons -un sindicalista del gremio de la bebida y ex edil- al frente de Obras y cuáles son los alcances de las denuncias realizadas por el jerarca destituido.

El documento también cuestiona la decisión de Carámbula de conceder a privados el Hipódromo de Las Piedras por un canon de U$S 6.000 mensuales más otros beneficios para el municipio.

El Comité de Base de Las Piedras criticó el déficit generado por Polo Tecnológico Canario (PTC) de Las Piedras, el cual cuenta con apenas cinco empresas. Sin embargo, los frenteamplistas pedrenses entienden que los sueldos de directores y funcionarios del PTC generan un gasto desmedido y que este es más usado como un salón de fiestas que como incubadora de empresas. Por ejemplo, la elección de la Reina de la Vendimia se hará en esa planta el 29 de marzo.

Descontrol. En tanto, el 10 de diciembre del año pasado, el Tribunal de Cuentas detectó que jerarcas de la comuna no rindieron cuentas de gastos por $ 33.997.006 (U$S 1:600.000). Pese a que la normativa prevé que estos gastos debían rendirse antes de los 60 días, varios jerarcas llevaban más de 18 meses sin documentarlos.

El edil forista Julián Ferreiro dijo a El País que realizará una denuncia penal contra la Intendencia, porque los directores podrían haber incurrido en una apropiación indebida. Agregó que, además, impulsará junto con el Partido Nacional un juicio político contra Carámbula en la Junta Departamental.

Por su parte, el edil nacionalista Adrián González afirmó que los blancos estarían dispuestos a apoyar cualquier medida que ayude a transparentar la gestión municipal.

Blancos. El próximo martes se reunirá la bancada del Partido Nacional. Al igual que el Foro Batllista, los ediles blancos analizarán si denuncian penalmente a autoridades de la Intendencia.

Fuentes municipales dijeron a El País que el informe del Tribunal de Cuentas fue superficial y se realizó con intencionalidad política de perjudicar a Carámbula.

"Esas rendiciones de cuentas no fueron observadas en anteriores administraciones", dijo un jerarca.

Otras fuentes izquierdistas señalaron que todos los gastos del municipio están documentados pero que no fueron tramitados dentro de los plazos por la tardanza generada por la burocracia municipal y el complot de algunos mandos medios de la comuna que responden al Partido Colorado.

El informe del Tribunal de Cuentas señala que los funcionarios que recibieron adelantos y no los liquidaron fueron Yamandú Orsi (secretario general), Gabriela Garrido (directora de Desarrollo Social), Jorge Repetto (Cultura), Juan Tons (ex director de Obras), Gustavo Marchisio, Luis Pilatti, Igor Santander, Richard Bueno y Damián Heber. El organismo de contralor informó que adelantos por $ 1.883.597 (U$S 89.000) tenían una antigüedad de hasta 18 meses cuando la normativa vigente establece un plazo máximo de 60 días para rendirlos.

El secretario general del municipio canario, Yamandú Orsi, reconoció que existieron atrasos en las rendiciones de partidas por parte de funcionarios municipales. "Acepto que se nos pase algunos días del plazo previsto. Pero los gastos están todos documentados", dijo Orsi a El País. Sin embargo, advirtió que la comuna canaria sacó 8.000 resoluciones cuando anteriormente solo se conocían apenas unos cientos. "Me gustaría que el Tribunal tuviera con anteriores administraciones el celo que muestra ahora", dijo.