En filas del gobierno comenzó a avaluarse "el costo político" que puede tener para la administración Vázquez el mantenimiento del IRPF a los pasivos si es considerado inconstitucional por la Suprema Corte.
Fuentes cercanas a Vázquez dijeron a El País que se entiende que "políticamente el planteo que hace Economía es incorrecto", al señalar que se acatará la resolución de la Corte pero sólo para quienes hayan presentado recurso y el fallo les sea favorable, enfoque también manejado en estos días por otros grupos del Frente.
En análisis informales que realizan los allegados al mandatario, se entiende que el mantenimiento de la ley que instrumenta la aplicación del IRPF a los jubilaciones dependerá "del volumen de fallos" que se emitan en contra del impuesto y estiman que es una "mala señal política" no derogar la norma. Como alternativa cobra fuerza la posibilidad de volver a instrumentar el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP).
También se estima que los fallos adversos afectarán esencialmente a Astori en sus aspiraciones electorales más que al gobierno.
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