LORELEY NICROSI

En filas del equipo económico aseguran que no será necesario cambiar la ley que creó el IRPF en caso de que la Suprema Corte lo declare inconstitucional, porque el impuesto solo caerá para los que presentaron los recursos.

"Los fallos no harán caer la ley y por eso se mantendrá su vigencia", afirmaron a El País fuentes próximas al ministro de Economía, Danilo Astori, al explicar que el líder de Asamblea Uruguay espera sin sobresaltos el pronunciamiento judicial.

"Son recursos individuales, por lo tanto los fallos serán individuales. Si la Suprema Corte entienden que el IRPF a los jubilaciones es inconstitucional, la ley dejará de aplicarse para aquellos que obtengan fallos favorables, para el resto continuará sin variantes", afirmaron las fuentes.

Explicaron que por ese razonamiento en filas del gobierno no se ve el tema "con preocupación", y agregaron que a medida que "se presenten más recursos, más se va a demorar la Suprema Corte" por los plazos que tienen cada uno de los ministros para analizar cada tema.

Tranquilidad. Según los informantes, tampoco inquieta que los fallos no sean coincidentes o existan contradicciones a nivel de la Suprema Corte, "porque en todos los casos serán individuales".

El lunes 3, en la reunión del Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay, el senador Alberto Cid le preguntó a Astori si estaba preocupado por los fallos de la Suprema Corte sobre el IRPF.

Según participantes de la reunión, el ministro respondió que esperaría un fallo de la Justicia antes de brindar una opinión sobre el tema.

Sin embargo, Astori trasmitió tranquilidad a los integrantes del máximo órgano ejecutivo de Asamblea Uruguay.

Desde ese grupo, se espera que los fallos contra el IRPF sean "escasos" y creen que "no afectarán" la rentabilidad del impuesto.

La misma percepción en el entorno del ministro de Economía, es la que tienen sectores próximos al presidente Tabaré Vázquez. "En este tema existe mucha tranquilidad en el gobierno. Se cree que la inconstitucionalidad no va a predominar en la Suprema Corte", indicaron las fuentes.

No obstante, admitieron que "la intranquilidad puede venir más adelante, si el pronunciamiento judicial" resulta adverso al esperado. De todas formas, los informantes fueron coincidentes respecto a que los fallos serán individuales y no afectarán al conjunto de los jubilados que se encuentra gravado por el impuesto.

Sin plan b. Por otra parte, integrantes del propio equipo de gobierno, expresaron que tal es la seguridad que existe en Economía respecto a la constitucionalidad del IRPF a las pasividades, que "no existe un plan B". Señalaron que antes de que entrara en vigencia el nuevo sistema tributario, y ante los anuncios sobre los recursos de inconstitucionalidad que se iban a presentar por parte de abogados identificados con los partidos tradicionales y por referentes del Frente Amplio en materia de seguridad social, como Hugo De Los Campos, en las distintas consultas realizadas a los integrantes del equipo económico respecto a si manejaban una propuesta alternativa, los allegados a Astori aseguraron que no.

Sin embargo, en otros ámbitos del Frente Amplio se asegura que ante la posibilidad de que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte apoye la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades, "algunas gestiones políticas" se realizaron, aunque se negaron a especificar qué tipo de acciones se emprendió. En varias oportunidades, el presidente Vázquez ha señalado que el gobierno "respetará" el pronunciamiento de la Justicia y "acatará lo que resuelva" la Suprema Corte. Las fuentes recordaron que la Constitución no establece la caída de una norma aunque existan observaciones a algunos de sus contenidos.

Asamblea General define si generaliza

El Parlamento en general no deroga leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Varios especialistas consultados no recuerdan un caso desde el retorno a la democracia, en 1985.

Desde el punto de vista jurídico, el gobierno está en su derecho de no cambiar la ley en lo que refiere a la aplicación del IRPF a los jubilados si la Corte resuelve que es inconstitucional. Ello se debe a que la declaración de inconstitucionalidad tiene alcance para el caso concreto planteado y resuelto por la Corte. El Estado queda obligado a no aplicar la ley a las personas que obtuvieron la declaración de inconstitucionalidad y no a todos los que abarca la ley. Según el Código del Proceso, la Corte debe dar cuenta a la Asamblea General de las declaraciones de inconstitucionalidad. Después es ésta la que define si generaliza la situación.