Acciones contra el IRPF con argumentos similares

La mayoría de las más de 350 acciones de inconstitucionalidad contra el IRPF presentadas ante la Suprema Corte de Justicia, que representan miles de casos individuales, plantean argumentos similares. Tres artículos de la Constitución son los más nombrados, el 8, el 67 y el 72.

Los ministros de la Suprema Corte, Jorge Ruibal Pino y Leslie Van Rompaey han manejado, en cambio, que el máximo tribunal debe expedirse ante diferentes argumentaciones, explicando de esta manera la demora en los pronunciamientos y la eventualidad de pronunciamientos diferentes sobre la constitucionalidad del impuesto.

Los abogados que han presentado el grueso de las acciones de inconstitucionalidad destacan especialmente el artículo 67 de la Carta. Es que en la reforma constitucional de 1989, se consagró una protección a las jubilaciones, que éstas deben ser reajustadas por el índice medio de salarios y en caso que no haya fondo para ello el Estado debe aportarlos. El IRPF implica una baja en las jubilaciones y por eso se sostiene que viola esta norma.

El artículo 8, en tanto refiere a la igualdad de las personas ante la ley y el 72 consagra la certeza jurídica. Los demandantes entienden que el IRPF viola ambos principios. El constitucionalista y ex vicepresidente, Gonzalo Aguirre afirma en sus escritos que el impuesto es una rebaja de las pasividades, lo que es violatorio del artículo 67 de la Constitución, que impide cambios que afecten negativamente a los retiros.

Aguirre afirma que la reforma de 1989 estableció un sistema para asegurar que las pasividades reajusten y mantengan su nivel adquisitivo.

Para Aguirre, el impuesto viola el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 8 de la Carta. Añade en ese sentido que trata a los jubilados, sin posibilidad de conseguir nuevos ingresos, igual que a los activos que sí lo pueden hacer; además que los lesiona anímicamente, ya que un jubilado no tiene salida y eso los angustia, a diferencia de un activo.

En tanto, Hugo de los Campos, referente frentista en temas de seguridad social, expresó en las acciones que presentó que la pasividad no es una renta y por ello no se puede gravar, algo que también se maneja en otros escritos. Además dice que colisiona con el principio de igualdad, que también supone tratar de desigual forma a quien es desigual y hace hincapié en el artículo 67 de la Constitución, que impide cambios en las pasividades que las perjudiquen.

Por su parte Jorge Marabotto, ex presidente de la Corte, presentó decenas de acciones de inconstitucionalidad. También invoca el artículo 67, y señala que el IRPF, al que reiteradamente llama "gabela", es una detracción "violenta" del retiro "adecuado".

Denuncia la violación del principio de igualdad y, al igual que Aguirre, observa la discriminación del pasivo al afectar el ingreso proveniente de los aportes de la vida activa a pasivos que no pueden realizar actividades económicas compensatorias y se encuentran en el momento de mayores necesidades de la vida.

El diputado nacionalista Pablo Abdala, que presentó cientos de acciones, recuerda que el artículo 67 define a las pasividades como prestaciones y no rentas y prevé su ajuste de acuerdo al índice medio de salarios. Sobre el principio de igualdad, Abdala expresa que no se cumple e indica que gravar las rentas de empresarios, trabajadores y pasivos es desigual con estos últimos, ya que a los empresarios se les grava la ganancia y a los trabajadores los ingresos, pero a los pasivos se les grava el retorno por los aportes de su vida laboral.