La Policía allana sede de BPS en Rivera para investigar un fraude

RIVERA | FREDDY FERNÁNDEZ

La Policía allanó ayer la sede del BPS. Buscan una "caja paralela" que se utilizaba para "préstamos" entre funcionarios. Los investigadores analizan los documentos almacenados en cuatro torres de computadora.

Ayer por la tarde y en la más absoluta reserva, un equipo de la Dirección de Investigaciones allanó la sede del BPS en esta ciudad. Llevaban una orden judicial de la jueza Anabella Pérez. Los investigadores requisaron cuatro torres de computadora, libros de poderes y libros de cheques, así como documentos de diversa naturaleza.

La atención de la Policía y de la Justicia está centrada en la presunta existencia de una "caja paralela". Funcionaba como línea de préstamos entre funcionarios de la institución, con fondos del organismo previsional. Una maniobra cuyos primeros signos fueron detectados durante los últimos meses del año pasado.

Dos oficiales de Investigaciones entrevistaron durante largo rato a las jerarquías de la oficina del BPS. Hasta anoche no había trascendido ningún detalle de la investigación que se desarrolla en el mayor sigilo.

Maniobra compleja. Hace pocos días la sucursal cambió de gerente. Alba Rey, quien se desempeñaba como tal hasta entonces, dejó el sitio a Raúl Durant, un funcionario de extensa trayectoria en el organismo. La oficina riverense ha estado en el centro de la atención pública desde hace varios meses: el año pasado dos funcionarios denunciaron serias irregularidades.

El Juzgado Letrado en lo Penal de Primer Turno investiga desde hace cierto tiempo una serie de maniobras irregulares. El juez titular, Federico Tobías -a quien suple en estos días la jueza Anabella Pérez- había indagado un presunto faltante de unos $ 50.000, que se registrara en setiembre de 2007. El arqueo de caja realizado en octubre permitió detectar la súbita reaparición de este monto.

Cuando se comenzó a indagar este aparente error administrativo se puso la mira en funcionarios del banco que ahora no cumplen tareas en la sucursal.

Fuentes del caso indicaron que se manejaba la posibilidad de que alguno de ellos, aprovechando su posibilidad de acceso a los sistemas contables, hubiera urdido la maniobra a través de una de las computadoras del banco.

La hipótesis de los investigadores es que la maniobra fue repetida en más de una ocasión, aunque se ignora los montos movidos.

Precisamente rastros de estas operaciones son los que buscarán ahora los peritos en las cuatro computadoras confiscadas por la Policía.

Fuentes del caso señalaron, empero, que esta investigación no estaría relacionada con las denuncias efectuadas tiempo atrás por dos funcionarios. Luis Lisboa y Yarury de Mello se encadenaron el 22 de mayo de 2006 para reclamar la aclaración de presuntas irregularidades. Más tarde estos funcionarios presentaron una denuncia ante la Justicia, patrocinados por el abogado Gerardo Amarilla. Allí aportaron elementos que consideraron incriminatorios. Pero la situación pronto se volvió en su contra. Los dos fueron sumariados.

Ante ello el abogado presentó un recurso y, amparándose en la Convención Interamericana contra la Corrupción, pidió la protección para los funcionarios en su carácter de denunciantes de presuntos actos de corrupción administrativa. El abogado pedía la suspensión de la sanción que pendía sobre estos empleados del BPS.

De todos modos, este lejano antecedente no parece conectarse con el extremo investigado ahora. No se descarta que hoy la jueza actuante comience a citar a funcionarios de la sede riverense con el fin de ampliar su indagatoria.

De momento no se informó sobre la detención de ninguno de los miembros del personal.