Primer fallo de la jueza conformó a Casal y DGI

EDUARDO DELGADO

La Justicia rechazó la medida de "no innovar" pedida por Casal, que consideró "improponible", pero tramitará su demanda contra la DGI. Ese organismo prevé solicitar esta semana el embargo del empresario.

La decisión tomada ayer por la jueza civil de 4° Turno, Martha Alves, dejó conformes por distintas razones a Francisco Casal y a la Dirección General Impositiva (DGI).

En la demanda, Casal requirió que la Justicia defina los impuestos que debe pagar por su actividad como contratista y pidió que, en tanto eso se define, la DGI no pueda trabar medidas cautelares en su contra.

"Desestímase en todos sus términos la medida cautelar peticionada", resolvió la magistrada, que trasladó la demanda a la DGI y le dio una plazo de 30 días para que responda los fundamentos de Casal.

La decisión marca un precedente histórico en lo que refiere a tributos, puesto que es la primera vez que la DGI y un contribuyente presentarán sus argumentos sobre los tributos que se deben pagar y una jueza definirá el punto, sin que previamente la DGI haya iniciado un proceso administrativo y pedido medidas cautelares contra el contribuyente.

La defensa de Francisco Casal manifestó "gran conformidad" con la resolución de la magistrada, de asumir competencia ante la demanda de certeza jurídica que el contratista presentó contra la DGI.

Las autoridades de la DGI, en tanto, discrepan con la decisión de la jueza, ya que consideran que hay un procedimiento, que no es este, para definir los tributos a pagar por un contribuyente. Pero, sin embargo, quedaron satisfechas con que la jueza no impida que el organismo pida medidas cautelares contra Casal, lo que tiene previsto hacer esta semana, tras determinar el dinero que considera adeuda el empresario en tributos, multas e intereses.

improponible. La jueza Alves afirma en su resolución que "no obstante coincidirse con las promotoras en los aspectos teóricos que ampliamente desarrollaran en cuanto a concepto y presupuestos de las medidas cautelares en general y concepto de la prohibición de innovar solicitada en particular, no se hará lugar a la misma por entender esta proveyente que el objeto perseguido a través del instituto es improponible".

"Se pretende que la proveyente le impida o prohíba a la DGI, ejercer el derecho de acción, entendida ésta como el poder concedido a las personas físicas o jurídicas, sean éstas últimas de derecho público o privado, de acudir a los tribunales para formular una pretensión, reclamando así la tutela jurisdiccional del Estado", sostiene.

La jueza destaca que con la medida de no innovar solicitada, "esta sede irrogaría facultades de las que carece, violentando el ejercicio de los derechos de acción y pretensión que pudieran asistir a la futura demandada". "Por la vía oblicua de la petición de la medida cautelar en examen, no se pretende asegurar el eventual resultado del proceso, sino constreñir al contrario a actuar de una determinada manera", añade.

Mecanismos. La jueza sostiene en su escrito que "no escapará al conocimiento de quienes patrocinan" a Casal, que en caso de darse la situación que plantean (eventuales medidas cautelares a solicitud de la DGI), "nuestro Derecho les otorga los mecanismos de defensa pertinentes, ya sea a través de los recursos o de la petición de medidas sustitutivas".

La magistrada también crítica que las partes en el juicio intercambien argumentos a través de los medios de comunicación. Los abogados de Casal, el director de Rentas, Nelson Hernández, e incluso el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, hicieron referencias públicas a este caso.

"La sede cometerá el diligenciamiento de las notificaciones a la Sra. Alguacil, atento al intercambio improcedente de argumentos que ambas partes vienen realizando sobre el tema objeto de debate, fuera del ámbito jurisdiccional", expresa la jueza Alves en su resolución.

Leonardo Costa y Óscar Brum, abogados de Francisco Casal, no apelarán la decisión de la magistrada Martha Alves. Consideraron que la medida de no innovar rechazada por la jueza pueden solicitarla en las oportunidades procesales que estimen oportunas. En un remitido, los profesionales afirman que respetan las observaciones de la jueza sobre la necesidad de mantener el litigio en el ámbito jurisdiccional.

Fuentes cercanas a Casal y sus abogados indicaron que preparan la respuesta a las medidas cautelares que prevén solicitará la Dirección General Impositiva.

Sobre la resolución, consideraron que por primera vez la DGI "se deberá sentar de igual a igual con un contribuyente a discutir si puede cobrar un impuesto". Tendrá la DGI que argumentar por qué quiere cobrar un impuesto y por qué demora tanto, seis años, en definirlo", concluyeron.

Tributos. El director de Rentas, Nelson Hernández, dijo que ayer la DGI fue notificada de la demanda, por lo que aún no tiene una posición sobre la misma y la contestará dentro del plazo legal de 30 días. Pero agregó que para el organismo, la determinación de tributos tiene un procedimiento reglado, que no es este, y en que finalizada la vía administrativa el contribuyente puede recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La DGI va a continuar con el procedimiento de determinación de tributos y pedirá medidas cautelares a la Justicia, en el caso que entienda que corre riesgo el cobro de ese dinero, dijo Hernández. "Estas medidas cautelares son para asegurar el cobro de los tributos que pudieran corresponder, realizando una solicitud de embargo genérico del contribuyente y todos los responsables de las deudas", dijo.

"Yo siempre lo dije, que somos todos iguales ante la ley y cada uno tiene que pagar lo que corresponde. Y bueno, los de afuera somos de palo", expresó el ex director de Rentas, Eduardo Zaidensztat, consultado por canal 12 sobre el litigio entre Casal y la DGI. "Me parece bien que cada uno pague lo que corresponde, ni más ni menos. Y en eso bueno, hay una contienda, lo estoy mirando a través de la prensa", añadió.

Sobre la extensión e indefinición de la investigación de la DGI a Casal, que según el empresario lleva seis años y abarca la gestión de Zaidensztat, el ex jerarca prefirió no pronunciarse. "Primero, yo soy un tercero, no soy la administración, no soy la DGI y muchísimo menos estoy en la parte del empresario, muchísimo menos. Escuché comentarios a través de la prensa, no tuve la oportunidad de leer el escrito, y no voy a hacer comentarios sobre comentarios", declaró el ex director de la DGI.